Las dificultades de articular la seguridad ciudadana con los principios del sistema democrático, la vigencia plena del Estado de Derecho y un estricto respeto de los derechos fundamentales de la persona: el ejemplo de Guatemala.

El Congreso de la República de Guatemala, que en los últimos años ha funcionado invariablemente como una caldera en plena ebullición preelectoral, es el escenario donde actualmente se debate la aprobación de varios proyectos legislativos en materia de seguridad. Se trata de los proyectos de

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  • Ley de armas y municiones (iniciativa 2990)

  • Ley de empresas de servicios de seguridad privada (iniciativa 2846)

  • Ley del sistema penitenciario (iniciativa 2686)

  • Ley marco de inteligencia (iniciativa 3287)

  • Ley de creación y funcionamiento de la Dirección General de Inteligencia Civil - DIGICI- (iniciativa 2860).

Este conjunto de proyectos legislativos es, en la concepción del Congreso de la República, una de las soluciones para afrontar con éxito el problema de la criminalidad y la violencia, que ocupa el primer lugar entre las preocupaciones más sentidas de la población, particularmente en las regiones donde se registran los índices más altos de inseguridad ciudadana. Y mientras los diputados apuestan por la solución legislativa, la respuesta estratégica y operativa del Estado es escasa y, en algunos casos, ausente.

Prueba de ello es que la delincuencia común campea imparable en calles, carreteras, colonias, barrios y comunidades sin que la población afectada, que es el grueso de la sociedad que a diario sale al trabajo o a sus centros de estudio, o a realizar actividades de la vida cotidiana, tenga alguna esperanza de encontrar en el Estado acciones de protección a su vida, integridad física y patrimonio.

Mientras las fuerzas policiales concentran sus energías en los patrullajes combinados con el Ejército para atrapar supuestos pandilleros juveniles o a cualquiera que les provoque sospechas de pertenecer a estas redes delincuenciales (casi siempre sin que exista delito flagrante y mediante prácticas arbitrarias e ilegales, lo que produce su pronta liberación), diversos segmentos poblacionales han optado por organizarse, proveerse de armas y equipos –incluyendo palos y objetos contundentes- para ejecutar su propia defensa. Así, ha ido en aumento el número de comités de vecinos en barrios, colonias, residenciales y otras pequeñas comunidades que actúan como una suerte de cuerpos paralelos a las fuerzas estatales, y son estas instancias las que deciden de qué manera afrontarán de día y de noche el flagelo de la criminalidad.

Por aparte, casi a diario aparecen cadáveres de presuntos delincuentes, con señales de tortura, atados de pies y manos. Se presume que estos crímenes podrían estar siendo cometidos por estructuras –vinculadas o no a agentes del Estado- con capacidad de organizarse, manejar armas de diverso calibre y otros equipos, que se dedican a “limpiar” su entorno social. Hay grupos organizados que asesinan y sus víctimas usuales son prostitutas, trasvestis, niños y jóvenes de la calle; o personas que presuntamente son delincuentes comunes o pandilleros, etc. Diferente patrón se observa en los casos atribuibles al crimen organizado y la narcoactividad, en los que no necesariamente se advierte el tinte de “limpieza o purificación” del entorno, pues sus motivaciones van más en el sentido de “ajustar cuentas”, vengar traiciones, eliminar rivales o competidores.

Es evidente que esta violencia generalizada, sumada a la inacción estatal, ha motivado a gran parte de la población a recurrir a similares prácticas violentas para “defenderse” de los grupos criminales que acechan su entorno más inmediato.

El aparato estatal parece tener una visión limitada, pues hasta ahora no es tangible la existencia de políticas públicas y planes operativos que, fundamentados en una estrategia sólida e integral, aborden la situación de crimen y violencia desde todos sus enfoques y de manera multidireccional.

Respecto del conjunto de proyectos legislativos actualmente en debate, hay indicios de que algunos funcionarios del Organismo Ejecutivo comparten parcialmente la visión unidireccional del Congreso. De esa cuenta, la necesidad de contar con instrumentos jurídicos que ayuden en su labor a las fuerzas de seguridad y a los órganos de justicia, así como a las instancias administrativas y ejecutivas, han situado al trabajo legislativo en la cresta de la ola y en el punto de presión de diversos sectores sociales que demandan celeridad en la aprobación de este paquete legislativo.

No obstante, un análisis preliminar permite afirmar que la solución legislativa es tan sólo uno de los frentes a cubrir, dado que el problema de la criminalidad y la violencia requiere de múltiples soluciones, no sólo las de carácter legislativo. Sobre todo cuando los contenidos podrían estar siendo definidos no por un acucioso estudio de la situación, sino por agendas personales, posibles avenencias con gremios especializados, presiones de grupos de poder oculto y los intereses partidarios que ven en la temática una fuente inagotable de capital electoral. Frente a esa amplia gama de presuntos intereses espurios, el ansia de ganar espacios en el tema de la seguridad concita peligros que eventualmente empeorarían la situación.

El estado de las cosas se agrava en la medida que en los debates participan tangencialmente diputados, incluso de bloques completos, que no han estudiado los proyectos legislativos y tampoco se han asomado a un verdadero análisis de la problemática, con lo que su voto a favor o en contra estaría caracterizado por la falta de información y de criterios sólidos.

Otro problema es que los debates parlamentarios se guían por el fragor de la confrontación política, la anticipada competencia por las elecciones generales del 2007 y las negociaciones coyunturales que, justo en esta época, suelen girar alrededor de la discusión del Presupuesto Nacional para el año próximo, la integración de junta directiva, comisiones y otros temas, entre los que ahora se incluye la discusión de algunas leyes y decisiones relevantes. En esa ocasión, lo relevante gira alrededor de la agenda complementaria al TLC y la Ley de Concesiones, así como de la elección, en el mediano plazo, de un magistrado titular y un magistrado suplente a la Corte de Constitucionalidad, entre otros temas.

Este contexto de negociaciones políticas no permite al Congreso hacer su aporte a la seguridad con soluciones legislativas complementarias, integrales y con armonía conceptual, a efecto de garantizar mejores resultados.

Hay fuertes indicios de que la mayoría de los diputados no están guiando sus acciones legislativas por la senda de los acuerdos de paz, que plantean la reforma del sector seguridad sobre la base de la seguridad democrática, sino que están ejerciendo la potestad legislativa en sentido contrario: el refuerzo de los conceptos propios de la doctrina de seguridad nacional (mano dura y políticas represivas), en combinación con decisiones legislativas proclives a un deficiente ejercicio de los controles democráticos y laxitud en las regulaciones. Por ejemplo, los proyectos que están surgiendo en el último momento reducen al mínimo o anulan controles y regulaciones fundamentales respecto de las empresas de seguridad privada y lo concerniente a armas y municiones; en el caso de la ley penitenciaria, se pretende anular las disposiciones que consideran “demasiado democráticas” o que constituyen privilegios para los reclusos.

Cada vez es más evidente la inclinación por mantener vigentes los conceptos de seguridad nacional y las conductas represivas, con el consiguiente debilitamiento de los controles institucionales. La opción por la mano dura cuenta con mucho apoyo en los círculos estatales y en amplios segmentos de población

Entonces, no resulta extraño que el concepto de la seguridad democrática esté arrumbado y que se esté incumpliendo la expectativa de tener políticas públicas y planes operativos fundadas en él.

La preocupación por la falta de un debate profundo se acrecentó en las últimas semanas, cuando trascendió que el general retirado Sergio Camargo, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso y diputado por el Partido de Solidaridad Nacional (de la gobiernista GANA) intentaba sustituir de forma total o parcial los proyectos que han estado en discusión desde hace varios años, precisamente con el ánimo de reformular los contenidos en función de endurecer la acción estatal y relajar importantes puntos de regulación y control.

De acuerdo con las informaciones confirmadas ya en el plano público, el general Camargo se muestra insatisfecho con el contenido de los proyectos que se encuentran en estado avanzado de debate plenario y muy próximos a la fase final de aprobación. Por ello, con el apoyo del bloque oficialista y de algunos diputados de los bloques de oposición, está promoviendo la sustitución total, por ejemplo, del proyecto de Ley de empresas de servicios de seguridad privada y posiblemente actuaría de manera similar en el caso de la Ley del sistema penitenciario.

Las informaciones indican que habrá enmiendas también en el caso de la Ley de armas y municiones, mientras que quedaría rezagado el trámite de la Ley de creación y creación y funcionamiento de la Dirección General de Inteligencia Civil. En el caso de la inteligencia, se le daría prioridad a la Ley marco de inteligencia - iniciativa presentada por el diputado Camargo-, cuyo contenido contraviene en forma total los acuerdos de paz y los nuevos conceptos que debieran regir la transformación de los órganos y organismos de inteligencia (los cuales incluyen crear el Sistema Nacional de Inteligencia y lograr que estas estructuras aporten a la paz, la democracia y la estabilidad nacional desde el quehacer estatal).

Cabe mencionar que diputados del Partido Patriota, ANN, URNG, Encuentro por Guatemala, entre otros, han introducido un proyecto que compite con el de Camargo, y es la iniciativa que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Éste fue formulado originalmente en el seno de las organizaciones que integran la Red guatemalteca de seguridad democrática, su contenido requiere enmiendas para mejorar algunos aspectos sustantivos, pero en términos generales procura un avance en el abordaje del tema de inteligencia desde una perspectiva democrática.

Otra situación infortunada es que en el ámbito legislativo –tal como se aprecia también en el Ejecutivo- se mantiene la inclinación por responder a coyunturas, lo que impide formar tendencias de mediano y largo plazo, con sus respectivos componentes estratégicos y operativos. En este aspecto, es importante mencionar que se está obviando vincular a la temática de seguridad un componente indefectible: la justicia. Están quedando fuera las medidas que deben implementarse en ese ámbito, para que el círculo sea virtuoso.

Hasta ahora ha sido vicioso, en la medida que los planes policiales específicos no tienen óptimos niveles de coordinación con los órganos de justicia y, por lo tanto, se está fracasando en la investigación criminal, la formulación de procesos judiciales y los juicios. Por lo tanto, la impunidad se fortalece. A eso se agrega el estado patético y calamitoso del Sistema penitenciario, donde no se promueve la rehabilitación de los reclusos pero sí se permite delinquir desde los centros penales.

No debe existir una desvinculación conceptual entre el conjunto de leyes de seguridad y los numerosos proyectos en materia de justicia, entre los cuales figuran con mucha relevancia la creación del Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses y las reformas a la Ley de Amparo. Estos debieran ser discutidos con igual celeridad por el impacto que tendrá su aplicación práctica en el fomento de la prueba científica y el combate del litigo malicioso, que utiliza las garantías constitucionales - como el recurso de amparo- para denegar justicia, entorpecer los procesos judiciales y generar impunidad.

También habrá que incluir en la agenda conexa de seguridad y justicia un abordaje integral de los múltiples proyectos de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, a efecto de que estos no sigan estando expuestos a la legislación casuística, sino que, en todo caso, sean analizados cuidadosamente y reformados integralmente sólo en los aspectos que resulte pertinente hacerlo.

De no establecerse una conexión entre los campos de justicia y seguridad, la sociedad guatemalteca y el Estado seguirán desprovistos de políticas públicas y de los instrumentos jurídicos, administrativos y políticos que resultan indispensables para combatir la violencia y la criminalidad y sus manifestaciones en los diversos ámbitos de la vida nacional.

El componente esencial de este enfoque coordinado, armónico e integral deben ser los principios del sistema democrático y la vigencia plena del Estado de Derecho, con un estricto respeto de los derechos fundamentales de la persona, de las garantías constitucionales y de los parámetros establecidos por el derecho internacional, a fin de evitar arbitrariedades de quienes ejercen el poder público y erradicar la manipulación que suelen practicar los grupos de poder, ocultos o no.

Notes

• Analisis elaborado por la Fundacion Myrna Mack.