La Asamblea Constituyente de Micoahumado, Bolívar, Colombia

Micoahumado es una pequeña población ubicada en el municipio de Morales, sur del departamento de Bolívar, al nororiente del país. Su población es de alrededor siete mil personas. La economía municipal se sustenta y depende en su totalidad de la explotación de productivos como la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y el comercio informal, en menor escala.

A partir del año 1999 los pobladores de Micoahumado sufrieron una serie de incursiones de grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia – grupo armado al margen de la Ley), en abierta campaña militar por disputar el control de la región, que por décadas había estado bajo el dominio de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional - grupo armado al margen de la Ley); esta confrontación dejó como saldo cientos de muertos, desplazamientos masivos y la destrucción de bienes. Un aspecto que hacía más compleja la situación era la desconfianza social que existía frente a las fuerzas armadas del Estado (Ejército oficial), que al parecer apoyaban militarmente a las AUC y cometían crímenes en contra de la población. El proceso constituyente en esta pequeña población se encuentra ligado a esta historia de confrontación armada. Es así como la historia de la “Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado” empezó un 4 de diciembre de 2002, un día después de que grupos de paramilitares incursionaron en la población, afectando principalmente a la población civil.

Los hostigamientos de ese diciembre duraron varios días, las AUC y el ELN dejaron varios campos minados, bloquearon las vías, restringieron los alimentos y las medicinas, utilizaron las viviendas de los pobladores para atrincherarse y suspendieron el servicio de agua potable. Esta situación puso a los pobladores del corregimiento ante un dilema de vida o muerte:

• Unirse a uno de los grupos y rechazar al otro, lo cual los incluiría directamente en la confrontación;

• U oponerse a los dos bandos, lo que seguramente significaría tener que y huir desplazados.

Pero la comunidad optó por una tercera alternativa: declararse en « desobediencia civil », es decir pobladores legales frente a la ilegalidad, reclamándole al Estado por su ausencia y a la vez estableciendo una propuesta de paz, convivencia y seguridad. De este modo nació la iniciativa de la comunidad, para iniciar un proceso de soberanía popular y autonomía civil, con el fin de utilizar el diálogo como única estrategia para resolver los conflictos.

De este modo los habitantes de Micoahumado dieron un salto muy importante en su camino de compromiso contra la guerra y por la paz: la mayoría de la gente se declaró en resistencia civil. Con ello, se crearon resistencias frente al desplazamiento forzado, se buscaron mecanismos para hacer posible una salida dialogada a la confrontación entre las AUC y el ELN y se establecieron restricciones a las operaciones ilegales del Ejército oficial. Con ello, y después de soportar los horrores de la guerra durante toda la navidad y el año nuevo, lograron finalmente que los paramilitares se retiraran de Micoahumado y continuaron adelantando diálogos con el ELN, diálogos que en particular derivaron en desminados (retiro de minas antipersonal) unilaterales de la región por parte de la guerrilla. Estos desminados fueron verificados tanto por el Gobierno colombiano como por diversas entidades internacionales, reconociendo el hecho como “desminado humanitario”, que cumple con todos los parámetros internacionales establecidos, garantizando la seguridad de la población civil y el cumplimiento de la convención de OTTAWA.

Esta larga etapa de diálogos con el ELN y con los paramilitares, en la que participaron las instancias del gobierno local, departamental y nacional, en concertación con actores de la iglesia, la sociedad civil, la comunidad nacional e internacional, concluyó con la creación de la Asamblea popular constituyente. Esta Asamblea lideraría así un proceso soberano por la vida, la justicia y la paz. La Asamblea se instaló oficialmente en marzo de 2003, habiendo cosechado ya grandes logros y avances. Este proceso sirvió a su vez de semilla para la puesta en marcha de procesos similares en siete comunidades más del sur de Bolívar.

Además de estas acciones de contención de la violencia y la guerra, la Asamblea contempla el apoyo al desarrollo económico y social}} en aras de fortalecer la economía agrícola, ganadera y minera, así como el cuidado del ambiente y la reducción de la recurrencia a economías ilícitas, como los que pueden estar vinculados a la cadena en el negocio del narcotráfico. Incluso acciones para garantizar que la vía terrestre que conecta San Pedro de La Plaza-El Reflejo-La Caoba-La Guásima, sea declarada y utilizada como bien público al servicio del Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz y ajena a la guerra, da cuenta del sentido cultural y de integración social que busca la Asamblea. Con este proceso social se han ganado más líderes; existe mayor sentido de identidad en la comunidad, mayor conciencia de la capacidad de acción y de impacto, mayor confianza, mayor credibilidad por parte de la gente en la Asamblea. Existe un mayor sentimiento de autónoma y de ofrecer tal capacidad a otros procesos, incidiendo en las políticas locales, regionales y nacionales de paz.

Commentario

Siempre nos hemos preguntado acerca de los procesos sociales en contextos de conflicto, particularmente en conflictos violentos como los que viven muchas regiones del mundo; en este caso particular una de las regiones del país, como tantas otras, con un alto grado de confrontación armada y afectación a la población civil: ¿qué tan posibles o limitados son tales procesos sociales, en qué horizontes de acción aplican sus recursos, qué capacidad de éxito puede representar este accionar frente a actores hegemónicos y armados?, éstas, entre otras muchas preguntas, ocupan la agenda de las organizaciones e instituciones interesadas en procesos semejantes.

Lo que nos muestra esta iniciativa constituyente es que los procesos sociales, buscan acomodarse a las circunstancias, acogiendo o proponiendo siempre nuevas formas para tramitar los conflictos en los que se encuentran inmersos. En este caso, la propuesta de Asambleas constituyentes que se estaban dando en otras regiones del país sirvió como una oportunidad para este municipio del Sur de Bolívar para hacer confluir las distintas fuerzas sociales en una iniciativa a favor de la paz y el desarrollo. Los distintos sectores sociales, e incluso los mismos actores armados, encontraron en esta propuesta una forma de resolver al menos en lo local una situación de confrontación que afectaba a la población civil; al menos en lo mínimo, que fue tratar de sacar a la población del medio en la confrontación. El hecho del desminado fue una muestra de este acuerdo entre los distintos actores, sin que eso significara estructuralmente el fin de la confrontación por la disputa del territorio por parte de los actores armados ilegales. Sin que significara, y que aún hoy continúa siendo la lucha de los pobladores, el mejoramiento de sus condiciones de vida.

La ganancia consiste en un espacio social y público de tramitación de los conflictos, en donde confluyen los procesos sociales de más larga duración y los intereses de diversos sectores sociales en torno al desarrollo y la paz.

Notas

• Autores de la ficha : SARMIENTO SANTANDER, Fernando y DIAZ CABAL, Anabel

• Fuentes: www.cinep.org.co/datapaz/sistematizacion/home.swf ; www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/isidro.html