¿Ciudadanía y paz sin memoria?

I. Contextos y propósitos de la memoria histórica

La solución política para la paz en Guatemala posibilitó que el conflicto social adquiriera matices nuevos en escenarios diferentes, pero en su esencia siguió presente. Transcurridos estos años desde 1996, seguimos siendo testigos de cómo ‘el conflicto’ permanece a pesar que se firmaron acuerdos entre gobierno y guerrilla, y finalizó la confrontación armada.

Los ciclos de acción colectiva de los movimientos sociales siguen manifestándose - con altos y bajos -, las movilizaciones están a la orden del día y en ocasiones, adquieren connotaciones violentas; en otros casos, aparecen novedosas fórmulas de solución o con apariencia distinta para viejos problemas, pero su contenido en general es invariable con relación a las diversas reivindicaciones históricas de los sectores populares y pueblos que conforman la sociedad guatemalteca.

En ese proceso social de lucha, la memoria, el recuerdo, el presente vivo de los aprendizajes del pasado mediante su divulgación amplia y sin restricciones, su conocimiento y discusión, se aprecian como factor que “…conducirá, con el absoluto respeto a los derechos humanos, hacia el ansiado Estado Democrático del Derecho” (Balsells, 200: 4 y 5).

Por supuesto, la memoria de unos no lo es la de otros; depende del rincón en que cada quien observa la realidad y su respectiva visión del entorno (entiéndase intereses, valores, objetivos prioritarios, simpatías o grado de responsabilidad). Parafraseando a Chomski - al abordar asuntos internacionales -, los poderosos prefieren olvidar la historia y mirar hacia adelante, lo cual es comprensible. ‘Para los débiles, ésta no es una opción inteligente’ (Chomski, 2009).

Para muestra Guatemala y las políticas oficiales de memoria existentes que no son más que - como diría Balsells - ‘políticas del olvido’ de hechos y circunstancias históricas para evadir la discusión de las verdaderas causas y orígenes de problemas que siguen marcando el devenir de la sociedad.

Formulado de otra manera, las políticas oficiales de memoria o políticas del olvido pretenden el ocultamiento interesado de hechos y acontecimientos de la historia, su abordaje acrítico, en un repetido discurso que disminuye u omite responsabilidades.

Sobre el tema, dice Balsells:

• “3. Nuestra Memoria, recogida ya por la historia del reciente pasado, es una reiterada sucesión de imágenes en las que visiblemente figura el poder militar haciendo escarnio de la voluntad popular, mancillando los principios básicos de la democracia y violando el amplio repertorio de los derechos humanos”.

• “[…] Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad, el Ejército no actuó solo. Atrás, o a la par, siempre estuvieron las fuerzas del poder económico y nunca faltaron los leguleyos para adaptar en textos legales los designios del autoritarismo”. (Balsells, 2001) (1)

Sucedió hace años y se repite en la actualidad: los sectores dominantes mantienen la mentira como medio de justificación moral y explicación histórica de las desigualdades y la injusticia social, de la corrupción, impunidad y disfunción de las instituciones, de la exclusión política y otros males. Las verdaderas responsabilidades, responsables y (des) propósitos se disfrazan: la gente convive con eso en escenarios en apariencia ‘normales’ (se vivió lo mismo en tiempos de gobiernos militares de facto y también ahora, con gobiernos civiles producto de elecciones aceptadas como transparentes).

El ocultamiento, la desinformación, la negación sistemática y la mentira, son realmente formas de intentar la descripción de una realidad artificial, inexistente. Dibuja imágenes distorsionadas, nugatoria de las violencias - como causas del conflicto social - que pasado el tiempo tan sólo han modificado ciertos matices (2), pero que tienen el mismo contenido y una raíz común (en lo estructural, en lo institucional y en lo simbólico). Componente inseparable y propósito fundamental es la pretensión también artificial de contener la realidad social, de evitar su transformación y extender la continuidad del régimen y del status quo (3).

Esa descripción artificial de la realidad social, al tiempo que su contención – igualmente artificial - de quienes tienen el poder político y económico como ya se dijo, ha justificado los más horrendos crímenes, así como la manipulación discrecional de las instituciones y de la conciencia ciudadana.

En el otro lado del conflicto social, hay una constante que gira en torno a las miserias descritas y que fundamenta el sentido de justicia de la acción colectiva, perfilando la vía de la lucha frontal como alternativa imprescindible e invariable. En este campo el propósito es la transformación de una realidad injusta o percibida como tal, en donde en efecto se es ‘el otro lado’ y cuya reivindicación a veces, se torna innegociable (4).

Visto de esa manera, ambas perspectivas defienden la razón de lo suyo (5), expresando una dualidad, arguyendo el ‘con nosotros o contra nosotros’, los unos somos los buenos y los otros, los malos. Es lo que reconocidos estudiosos de la paz identifican como ‘tenaces requerimientos para reducir una compleja historia a polarizaciones duales’ (Lederach, 2007: 71).

Los argumentos formulados en esta parte y hasta aquí, pretenden reconocer que existen variadas altisonancias en torno a cualquier esfuerzo por abrirle el paso a la verdad y la justicia como consecuencia de la recuperación de la memoria histórica y cuyo destino es la construcción de paz. Arribar a ese punto implica sobreponerse a las polarizaciones duales; o sea, construir respuestas desde una perspectiva de futuro sobre una cualidad de interacción con la realidad, respetando su complejidad, sus explicaciones o justificaciones múltiples como parte de un todo que requiere comprender y aprender para deslizarse hacia la transformación del conflicto social.

Lederach lo aborda como un tipo de imaginación moral imbuida de ‘curiosidad paradójica’ (2007: 71), en el sentido de una interpretación más plena de una realidad social determinada, harto compleja; podría decirse, sin caer en el simplismo de la imparcialidad en la que ‘todo el mundo tiene algo de culpa’ sino de encontrar explicación sobre la base del estudio de los motivos de cada parte.

La gente más joven empieza a reivindicarlo. Zaira Lainez, joven estudiante coautora de una serie de reflexiones sobre los Acuerdos de Paz en Guatemala, sostiene: “le apuesto al relevo pero con generaciones con conciencia social y conscientes de la responsabilidad de la Historia de Guatemala, especialmente, lo ocurrido desde ambas ‘Partes’ durante el conflicto armado interno. Y no quiero dejar pasar el hacer saber que para que cada una y cada uno podamos ser agentes de cambio, es primero sabernos sujetos y ya no objetos…” (INTRAPAZ, 2009: 177).

Desde el punto de vista de una realidad compleja, es imprescindible el estudio y conocimiento del momento histórico, también de la coyuntura, del contexto externo e interno de los hechos y sus alcances, de lograr niveles comprensibles de información sobre lo sucedido que permitan despejar el presente y el futuro, no en un sentido retórico sino de afirmación de la vida.

Hablamos de un proceso de configuración de ‘una’ memoria entre varias que permita entender los intereses, valores e intenciones comprometidas en cada momento, por muy buenas o mezquinas que sean o hayan sido. El ‘nunca más’ o las ‘oportunidades nuevas’, como propósitos, sólo pueden construirse desde la comprensión, el aprendizaje y el compromiso social e institucional resultante, que es hasta donde aún hay amplio camino por recorrer en el país.

II. Memoria histórica para reivindicar ciudadanía

Como se formuló antes, la manipulación discrecional de las instituciones y de la conciencia ciudadana constituye, a la vez, propósito y efecto de aquella descripción artificial de la realidad que, con el paso del tiempo, se empieza a convertir en verdad.

Sus implicaciones de más largo plazo se expresan en la percepción que la comunidad tiene precisamente de la legitimidad de las instituciones, los derechos, las obligaciones ciudadanas, la autoestima colectiva, el reconocimiento y aprecio por lo que es parte más cercana de su entorno. Hay así visto, una relación fundamental entre memoria histórica y ejercicio de ciudadanía.

Vale la pena entonces, un recorrido puntual de acontecimientos de la historia guatemalteca reciente y de reflexiones que perfilan a la memoria histórica como un pilar para reivindicar ciudadanía.

La agresión contrarrevolucionaria que patrocinara el gobierno estadounidense en 1954, instauró un sistema político caracterizado por su conservadurismo y anticomunismo - justificado en la guerra fría -. Recordemos que jerarcas militares y empresarios temerosos (muchos con capitales nacidos de beneficios y privilegios de la Revolución del 20 Octubre), se asociaron para conspirar y derrocar al gobierno democrático.

El proyecto revolucionario fue suspendido y le siguieron múltiples golpes de Estado, Constituciones violadas, fraudes electorales y la omnipresente dirección de la institución militar estatal que se constituyó en la columna vertebral del aparato estatal.

Al conservadurismo y anticomunismo se incorporó la ‘contrainsurgencia’ como política de Estado (al estallar el conflicto armado interno a principios de los años ‘60), manifestada en el permanente control poblacional e institucional, y una asfixiante represión criminal contra la oposición política y la oposición social, contra todos los sectores democráticos y movimientos sociales, hasta llegar al aniquilamiento de comunidades enteras, lo cual está abundantemente documentado.

La ‘ola democratizadora’ en América Latina de las últimas dos décadas del siglo XX, trajo consigo un modelo de democracia de corte liberal que enfatiza en lo procedimental, en la elección de representantes mediante sufragio universal (6) ; la desaparición del modelo soviético de socialismo y de la guerra fría, así como la distensión en Centroamérica después de los Acuerdos de Esquipulas II (corría la década de los ’80), dio oportunidad a los medios políticos para arribar a Acuerdos de Paz en varios países centroamericanos (7).

Dos aspectos, entre otros, conviene tener presentes: uno, como lo advirtió PNUD en su informe 2004, cohabitan en América Latina procesos electorales efectivos con niveles altos de desigualdad y pobreza, los cuales abonan en la conflictividad e inestabilidad social y política (situación que se confirma de manera dramática en Guatemala); y dos, el modelo de democracia impuesto trajo consigo intenciones de olvido, de ‘borrón y cuenta nueva’ (en relación a los gobiernos militares), venía cubierto de impunidad al derramamiento de sangre y al latrocinio de los gobernantes que antecedieron, lo cual se consagró en sendos artículos transitorios de la Constitución Política de la República que entró en vigor desde el 14 de enero de 1986.

El contexto para aquellos años era de represión institucional del Estado y graves violaciones a los derechos humanos so pretexto del conflicto armado interno. A la población sólo quedó la aceptación de un modelo de democracia condicionada, tutelada por los militares y por quienes mantienen ‘ventajas de las desventajas’ de los empobrecidos. En otras palabras, una obligada convivencia y silente aceptación como ‘normal’ de la corrupción y la impunidad. Así, la desesperanza ha conducido a la resignación (antes fue la discrecionalidad de unos; hoy la de otros).

Crimen, corrupción, impunidad, temor y olvido han constituido bases fundamentales de esa ‘democracia’ generadora de indiferencia y rechazo a la política y lo político, despolitización de lo social, pero al mismo tiempo, des-socialización de lo político.

Por supuesto, el distanciamiento de la población a los asuntos públicos tiene ‘beneficiados’ que legitiman negocios indebidos al amparo del Estado y facilitan acciones que alientan distracción y olvido popular. Con mensajes e imágenes repetitivas hacen discutir aspectos insustanciales de la vida del país o no aportan para abordarlos a profundidad, exacerban el machismo, el racismo, la cultura clientelar y una baja autoestima colectiva de mayorías asfixiadas por la realidad cotidiana.

Al respecto, Santos sostiene que “…se ha producido una ciudadanía bloqueada que se caracteriza por la exclusión -no participar, no tener derechos-, por la trivialización –ejercer derechos para participar en asuntos que no son vitales- y por la asimilación, es decir rigen las reglas y formas que confirman el status quo” (Santos, 2006: 53).

¿Cómo se explica que personas de estratos populares se movilicen y conviertan en activistas o defensores acérrimos de partidos políticos e intereses contrarios a reformas sociales? ¿Por qué la conversión de trabajadores empobrecidos en esquiroles en sus centros de trabajo o en informantes de poderosos intereses en desmedro de luchas comunitarias? ¿De dónde proviene la indignación de ciudadanos de a pie cuando otros se organizan, reivindican y se movilizan ocupando calles, carreteras y centros de trabajo pidiendo libertades, derechos, funcionamiento efectivo de las instituciones, democracia y mejor calidad de vida?

Enfrentar estos hechos, romper con la resignación de la ‘sin’ memoria, desbloquear la ciudadanía, propiciar una democracia nueva asentada en la dignidad de la gente, acabar con la iniquidad y la ignominia, en suma construir la paz, exige transitar de la aceptación sumisa a la reivindicación de la ciudadanía plena. Conlleva, en sentido estricto, procesos de politización de lo social.

III. Memoria y valores democráticos

En una reciente encuesta privada de acceso restringido, al preguntarse cada cuánto tiempo se asiste a reuniones de un listado de entidades: el 92% indicó que nunca asiste a la de un partido o movimiento político, poco más del 94% nunca asiste a la de un sindicato, poco más del 62% nunca va a reuniones de alguna agrupación profesional, de productores, comerciantes o campesina, cerca de un 69% nunca asiste a un comité pro mejoramiento de su comunidad y lo mismo, casi un 53% nunca va a una reunión de padres de familia del centro educativo en donde estudian sus hijos… ¿cuáles son las causas? Infortunadamente, los intentos de explicación están a la mano.

Es notoria una abundante apatía a la participación en asuntos de interés de la gente (personal y público), pues la organización y la movilización política de la sociedad ha sido ingrata y dolorosa; el recuerdo de la represión, la justificación del asesinato con el consabido ‘en algo andaba metido’ y también de la corrupción e impunidad, del abuso del dirigente o del funcionario, las promesas incumplidas o la defraudación de las expectativas generadas por las elecciones, los privilegios de algunos y un largo etcétera, nos dan luces para entender el problema.

Claro, esa apatía es indeseado resultado de experiencias personales que trascienden y se generalizan. Enfrentarlo conlleva un ejercicio de recuperación de memoria histórica, de búsqueda de información que explique, permita su discusión seria y oriente la rectificación y prácticas distintas. Hay una actitud desconfiada y de desprecio a la política. Esto debe cambiar.

Pedro Casaldáliga llama a darle vida a una práctica política diferente, indispensable para todas y todos, pues “…la humanidad no puede vivir sin ella. La política es la organización de la vida humana, el proceso de la sociedad. La política es más que una dimensión, abarca todas las dimensiones de la vida social” (Agenda Latinoamericana 2007). Es un llamado a recuperar el prestigio de la política, a reivindicar la política, a reinventarla.

La movilización de la sociedad mediante la participación ciudadana, precisamente, constituye una herramienta para enfrentar la exclusión política, es una oportunidad para reformularla y ‘hacer de la política un ejercicio básico de ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos’ (2007).

No hay nada nuevo que inventar. Ya desde 1996 el contenido de los Acuerdos de Paz lanzó a la sociedad guatemalteca ese desafío al convocarla a transitar hacia la democracia participativa, reconociéndose a sí misma a partir de recuperar su memoria histórica. Un tránsito que atraviesa lo político y alcanza lo social, económico y cultural sobre la base de un desarrollo participativo orientado y promovido por el Estado.

Tales compromisos supusieron posibilidades para construir un nuevo poder local, conductas, mentalidades y prácticas sociales que erradiquen diversos fenómenos (como la discriminación, el racismo y el individualismo egoísta), y formulan bases de una nueva institucionalidad democrática que permita el aumento de legitimidad.

Pero hay frenos a esos propósitos. Es notoria una tendencia a que lo contenido al respecto en los Acuerdos de Paz se vuelvan pasado y se aprecien como un conjunto de pretensiones fracasadas (INTRAPAZ, 2009: 6 y 7).

Numerosos estudios realizados de experiencias como la salvadoreña, la guatemalteca y otras, respecto a la manera de lograr y sostener la paz, así como la diversidad de aspectos y procesos sociales que entrañan y desencadenan los acuerdos políticos reflejan resultados variados. Unos son portadores de grandes expectativas y otros de abundante pesimismo, pero en general hay reconocimiento de un camino emprendido en búsqueda de soluciones a problemas cruciales. En general, hacen énfasis en la suspensión de hostilidades y la violencia situacional, y los menos en lo relacionado a ‘las violencias’ estructurales e institucionales.

Esto es comprensible porque se “…hace hincapié en la negociación de lo sintomático, o las más visibles y generalmente destructivas expresiones del conflicto, pero no en el contexto relacional que yace en el epicentro de lo que genera la confrontación…” (Lederach, 2007). Para este autor, el ‘acuerdo’ representa la continuidad del conflicto a partir de definiciones nuevas, lo que puede permitir una explicación a expresiones relacionadas con que ‘el conflicto terminó’ porque subyace ese deseo que, desde ese punto de vista, se materializa en el documento suscrito por las partes contendientes.

Cuando fueron suscritos los Acuerdos de Paz en Guatemala, se generaron enormes expectativas -quizá desproporcionadas- de rápida solución de problemas con raíces históricas y estructurales que al no verse cumplidas en el corto plazo, generaron desánimo en torno al proceso de construcción de la paz y, por supuesto, ha sumado detractores (INTRAPAZ, 2009: 6).

En realidad, desde la lógica de lo formulado por Lederach, en un escenario de profunda violencia enraizada, es indispensable una visión de largo plazo que se centre en la población, construyendo procesos duraderos y flexibles, como en las soluciones específicas. A partir de ello, sugiere que el esfuerzo debe centrarse en cómo crear y sostener una plataforma dinámica capaz de generar procesos de cambio adaptables, que aborden tanto las expresiones episódicas del conflicto como el epicentro del contexto conflictivo relacional.

Esto conlleva pensar en el postacuerdo como algo conectado a los procesos de cambio más amplios, los cuales son múltiples, de variadas manifestaciones y guardan relación con las coyunturas políticas y la capacidad de acumulación de fuerza de los sectores más interesados en transformaciones profundas, de enfrentar las causas que están en la base de la conflictividad mediante una agenda de democracia y desarrollo para la paz.

Esto es, insisten en la importancia de darle vida a una institucionalidad democrática que requiere darle un sentido distinto a la democracia, que dé soluciones a la gente, al ejercicio de una ciudadanía en su sentido más extenso, como cimiento fundamental de la paz. En suma, pasar de una práctica política vergonzosa a otra que dignifique.

Si partimos de esos presupuestos, los Acuerdos de Paz siguen constituyendo un programa básico, histórico e irrenunciable, en el que la memoria es crucial para el marco que proponen se construya, pues el aprendizaje del recuerdo y de una participación informada, son aspectos que refuerzan los valores y las instituciones democráticas. Lo contrario, el desconocimiento, el olvido y la falta de memoria colectiva, niegan el ejercicio de ciudadanía, el curso de una democracia participativa y la construcción de la paz.

Notas

• (1) : La interesada difusión del olvido ha generado una corriente de opinión que acepta dejar de lado la historia reciente del país y su discusión, argumentando que lo contrario no dejaría que las heridas sanen. Pero el asunto va más allá de la clarificación de crímenes cometidos. Se relaciona con la práctica de la deliberación democrática, de discutir estos y muchos otros aspectos altamente importantes del pasado, la cotidianidad del presente y el futuro de la sociedad. Denunciar déficit alimentario cercano a la hambruna en varias regiones del país en la actualidad, por ejemplo, no constituye vergüenza por el hecho mismo (del hambre) sino por sus raíces históricas y estructurales, y la resistencia - de minorías poderosas - a transformaciones sustanciales que para evitarlo, han llegado incluso a aceptar y promover la matanza, la opresión y la tiranía.

• (2) : Por ejemplo, antes los crímenes se adjudicaban a ejército y guerrilla, hoy a maras y narcos, pero el derramamiento de sangre continúa. De igual manera los procesos de empobrecimiento, la injusticia social, la desesperanza… siguen allí.

• (3) : La lucha por la tierra o la defensa del medioambiente y las respuestas (privadas y públicas) que criminalizan la acción colectiva de agrupaciones campesinas y comunidades indígenas y rurales en el país, lo evidencian. Esto indica que por lo general los medios de respuesta al clamor popular son represivos (para mantener vivo el recuerdo de la represión y sus consecuencias), aunque también se acude a la persuasión y a la gestación de condiciones políticas y sociales que permitan la aceptación acrítica y resignada de los problemas de la mayoría de la gente y de lo que pasa en el país, pues esto ayuda a justificar los beneficios de unos pocos que tienen bienes materiales en abundancia y la desafortunada suerte de los muchos que nada tienen.

• (4) : Estos sujetos colectivos en proceso de movilización/acción van tras pretensiones que, para la contraparte y los observadores, pueden ser desproporcionados o irreales y plantearse acciones o posicionamientos que parecen intransigentes o radicales. La falta de ‘olfato político’ y de estrategia (que permita apreciar con claridad el proceso de ‘oportunidad política’), por supuesto, hace a veces desaprovechar o inobservar momentos de ‘salida’ o soluciones parciales que sean apreciadas como avance en sus pretensiones o lucha reivindicativa, agravando los efectos de la confrontación.

• (5) : Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre los valores que unos y otros sustentan y promueven.

• (6) : El énfasis en lo electoral vino acompañado de políticas de ajuste estructural, de prominencia a los derechos individuales y de la liberalización creciente del mercado – hasta su sacralización.

• (7) : Como se menciona al principio, los Acuerdos de Paz permitieron (en el caso específico guatemalteco, pero también en el salvadoreño y el nicaragüense) el inicio de condiciones políticas nuevas para afrontar diversos problemas y finalizar los conflictos armados, al igual que neutralizar la amenaza de una conflagración regional estimulada por el gobierno estadounidense.

Fuentes :

• Balsells Tojo (2001), Edgar Alfredo. Olvido o Memoria. El dilema de la sociedad guatemalteca. Guatemala. Agosto 2001.

• Casaldáliga, Pedro. (2007) A manera de introducción fraterna: La Política Murió… ¡Viva la Política! En: Agenda Latinoamericana 2007.

• Chomski, Noam. Haciendo la guerra para traer ‘paz’. Artículo publicado en página www.telesurtv.net (consultada el 11 de agosto 2009).

• INTRAPAZ (2009), Planes para un nuevo país. Los Acuerdos de Paz y valoración desde la juventud. Guatemala.

• Lederach, John Paul (2007), La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz. Gernika Gogoratuz.

• Santos, Boaventura de Sousa (2006), Desaprender la democracia. En: León, Irene, Ed. Foro Social Américas. La Otra América en Debate. Quito, Ecuador.