Anatomia y cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Guatemala firmados en 1996

En total se arribaron a 13 acuerdos, 9 sustantivos o de “agenda larga” 5 operativos o de “agenda corta” y uno de naturaleza ad-hoc o resúmen.

En conjunto ellos son: [Colegio de Abogados, 1996]

Acuerdo	Naturaleza
Acuerdo de Procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos. 26 abril 1991.	Operativo. Establece el formato de negociación.
Acuerdos del Temario General. 26 abril 1991.	Operativo. Agenda.
Acuerdo Marco sobre la Democratización por Medios Políticos. A.k.a. Acuerdo de Querétaro. 25 de julio de 1991.	Sustantivo. Define el proyecto democrático y acepta la solución política negociada.
Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. 10 enero 1994.	Operativo. Se establece un nuevo formato y agenda. Se crea la Asamblea de la Sociedad Civil y se convoca la tercería de Naciones Unidas.
Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. 29 de marzo 1994.	Sustantivo. Compromisos por los Derechos Humanos y verificación por Naciones Unidas.
Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. 17 de junio 1994.	Sustantivo. Estrategia y garantías para la reintegración y reasentamiento de los desarraigados por la guerra.
Acuerdo para la Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. A.k.a. Comisión de esclarecimiento Histórico. 23 de junio 1994.	Sustantivo. Crea la Comisión de la Verdad.
Acuerdo sobre identidad y Derechos de los Pueblos indígenas. 13 de marzo de 1995.	Sustantivo. Reconoce derechos de los pueblos indígenas, combate la discriminación y establece las comisiones paritarias pueblos indígenas-Estado para dar seguimiento.
Acuerdo sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria. 6 de mayo 1996.	Sustantivo. Compromisos para la democratización y el desarrollo participativo y social, la modernización de la gestión pública, reforma fiscal y reformas en el agro. Crea Comisiones Paritarias de seguimiento.
Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática. 19 de septiembre de 1996.	Sustantivo. Reforma del Estado, participación de la mujer, reconversión del ejército, Policía Nacional Civil, disolución de las milicias “Patrullas de Autodefensa Civil” y otros cuerpos paramilitares.
Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral. 7 de diciembre 1996.	Sustantivo-Operativo. Consigna reformas concretas a la Constitución de la República y a la Ley Electoral, necesarias para hacer posibles varios de los compromisos adoptados en otros acuerdos.
Acuerdo sobre bases para incorporación de la URNG a la legalidad. 12 de diciembre.	Operativo. Marco para el desarme y reincorporación de la URNG.
Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz. 29 de diciembre.	Operativo. Calendario de 4 años para el cumplimiento de los compromisos.
Acuerdo de Paz Firme y Duradera. 29 de diciembre.	Sustantivo. Resumen de todos los Acuerdos.

El análisis sobre los Acuerdos debe distinguir dos dimensiones: su contenido y su realización.

En cuanto a lo primero, destaca como ha sido generalmente admitido, que el conjunto de entendidos de la paz en Guatemala sobrepasan en cuanto a extensión y profundidad de contenido, a las otras experiencias que se han dado en el continente e inclusive a muchas de otras regiones. Aparte de dar un tratamiento puntual a lo necesario para poner fin a la guerra, incluyen un conjunto de propuestas de reformas totales que abarcan todos los aspectos de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales del país, intentando inclusive resolver problemas que, como las relaciones Interétnicas, provienen del origen histórico de la nación.

El imaginario subyacente era el de diseñar un país diferente, en el que se alcanzara una elevada calidad de vida para sus habitantes. El concepto base es el de una democracia participativa asentada en el Estado de derecho, con énfasis en lo social. Supone un Estado fuerte, desmilitarizado, con capacidad fiscal, que impulsa el desarrollo y el crecimiento. La visión no está lejana de los modelos social demócratas de la experiencia europea. Es un modelo maximalista total.

En relación a la cuestión de género, cabe destacar que en el seno de la Asamblea de la Sociedad Civil se organizó un “sector de mujeres” que fue presentando sugerencias a cada uno de los documentos de Acuerdos conforme se iban elaborando. Una buena parte de esas sugerencias quedaron incorporadas a los textos definitivos, incluyendo el conocido compromiso 29 del Acuerdo sobre Cronograma, que establece la creación del Foro Nacional de la Mujer. Sin embargo las propuestas de acciones afirmativas, tales como el establecimiento de cuotas electorales, no pasaron a los documentos acordados por las partes.

Compromisos sobre género en los Acuerdos

Fuente: MINUGUA: Situación de la Mujer. Tareas pendientes en la construcción de la paz, febrero 2004 y Acuerdos de paz, op. cit.

Acuerdo	Compromiso
Socioeconómico y situación agraria	Garantizar o implementar igualdad de oportunidades y condiciones de estudio y capacitación, vivienda propia, eliminando trabas e impedimentos que afecten a las mujeres con relación al alquiler, al crédito y a la construcción, programas nacionales de salud integral para la mujer, el derecho de las mujeres al trabajo, el derecho de organización de las mujeres y su participación.
Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas	Eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a facilitar el acceso a la tierra, vivienda, créditos y a participar en proyectos de desarrollo. El enfoque de género se incorporará a las políticas, programas y actividades.
Identidad y derechos de los pueblos indígenas	Reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena. Crear legislación que tipifique el acoso sexual como delito y como agravante que la víctima sea indígena. Crear la Defensoría de la mujer indígena.
Fortalecimiento del poder civil	Fortalecer las oportunidades de participación de las mujeres en el ejercicio del poder civil. Para ello:Impulsar campañas de difusión y programas educativos para concienciar sobre los derechos de las mujeres a participar en el proceso de fortalecimiento del poder civil sin ninguna discriminación y plena igualdad.Que las organizaciones políticas y sociales adopten políticas para alentar y favorecer la participación de la mujer.Respetar, impulsar e institucionalizar las organizaciones de mujeres del campo y la ciudadQue en todas las formas de ejercicio del poder se establezcan y garanticen oportunidades de participación a las mujeres organizadas o no.

La arquitectura de los arreglos incluyó un mecanismo de seguimiento que incluía una misión de verificación de Naciones Unidas, la MINUGUA, dotada de un amplio mandato y un ente igualmente con funciones de seguimiento, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, formada por representaciones del gobierno, de la URNG, la sociedad civil y MINUGUA. Asimismo se estableció una red de comisiones paritarias y no paritarias, para promover el cumplimiento de compromisos específicos.

El gobierno estableció una autoridad especial, la Secretaria de la Paz, cuya obligación era velar porque el conjunto del aparato gubernamental observara los Acuerdos. La sociedad civil se organizó asimismo en numerosas instancias de apoyo y verificación, incluyéndose en ella las llamadas “Mesas Departamentales” o comisiones de provincia.

Para una justa apreciación de los alcances de la negociación, debe recordarse que la misma se fue consolidando paulatinamente y fue confrontando la oposición de spoilers representantes de factores de poder civiles y militares, opuestos a la paz, ya sea porque estimaban que se estaban haciendo concesiones innecesarias a unos insurgentes ya en inferioridad militar, o bien porque no estaban de acuerdo con las reformas que se iban acordando.

Así, el equipo de negociadores civiles bajo el gobierno del presidente Jorge Serrano recibió el siguiente mensaje (1) :

{“Señores, esto no es para que hagan una reflexión de sus actos traidores en su negocio de la paz, esa reflexión ya la hemos hecho por ustedes. Este mensaje es para que sepan que ya están condenados por su traición a la patria y por comprometer la dignidad, el honor y la integridad del glorioso Ejército de Guatemala. Los hemos enjuiciado y condenado, porque ustedes torpemente con hecho pensado y sin brújula, más que la propia, han permitido que sus compañeros, los delincuentes de la URNG saquen ventajas y beneficio de todo lo que con la sangre y el dolor de verdaderos guatemaltecos se ha ganado. Ustedes están entregando en el diálogo los intereses nacionales y al victorioso Ejército nacional: inconcebible.

La condena y el precio que tienen que pagar no es absurdo ni subjetivo, porque hemos seguido sus actuaciones traidoras, sus intenciones personales, sus veleidades políticas y la posición ideológica asumida en cada reunión, hemos comprobado los privilegios que han obtenido, sus conciliábulos con los subversivos y los comentarios negativos contra el Ejército. Por eso mismo la condena es inapelable y abarca también su circulo más querido.”}

Igualmente, un ente empresarial, la Coordinadora Nacional Agropecuaria, intentó iniciar un proceso en contra del jefe negociador del gobierno del presidente Ramiro De León Carpio, Dr. Héctor Rosada, por conducir las conversaciones con la URNG (2).

En relación al cumplimiento de lo que se dispuso, los Acuerdos, de naturaleza general, no son fácilmente evaluables. El examen del cumplimiento es complejo y requeriría sistematizar previamente los objetivos, alcances, componentes y rango de resultados de los centenares de obligaciones derivadas. El cronograma intentó una solución reduciendo las declaraciones políticas a cerca de 300 compromisos ubicados en cumplimiento de cuatro años. En retrospectiva asombra que se haya estimado la posibilidad de cumplimentar un proceso transformador de esas dimensiones en una escala de tiempo tan reducida.

En todo caso, el seguimiento se ha basado en el seguimiento de los contenidos del cronograma. La redacción de los mismos, sin embargo, varía y si bien en algunos casos es muy específica, inclusive expresada en variables matemáticas, en otros tiene una redacción que avala diversas interpretaciones.

La MINUGUA, en descargo de su mandato, emitía regularmente informes sobre el estado de situación del conjunto de acuerdos, sobre la situación de los derechos humanos específicamente y sobre otros temas puntuales. La Comisión de Acompañamiento también lo hacía, cuando sus integrantes lograban consenso.

Numerosos entes de la sociedad civil, a su vez, daban a conocer sus apreciaciones sobre el cumplimiento. Debe agregarse el interés que mantuvo la comunidad internacional en el proceso y sus niveles de incidencia.

El papel de la Comunidad internacional

{Este puede calificarse de decisivo, tanto en la negociación como en el decurso de cumplimiento de los compromisos. Aparte del ambiente favorable a la paz originado por las iniciativas de Contadora y Esquipulas, ya mencionadas, la participación de Naciones Unidas, en calidad de “tercera parte” de la negociación y de verificadora del cumplimiento fue esencial en la creación de confianza y la promoción de soluciones a momentos de empantanamiento. Debe agregarse el rol de los Países Amigos (Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega, Suecia) los cuales facilitaron el ambiente internacional favorable Así como la incidencia de actores de sociedad civil internacionales, tales como la Comunidad de San Egidio y la Iglesia Noruega. Posteriormente un conjunto grande de organismos internacionales, incluyendo el BID y de países donantes de varios continentes, actuaron por medio de los grupos consultivos para convenir paquetes de cooperación técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable, destinada a la cartera de proyectos de la paz y para establecer parámetros de cumplimiento. También debe destacarse actividades como el Programa para el Desarrollo de Personas Desplazadas, Refugiadas y Retornadas en Centroamérica (PRODERE) de Naciones Unidas, que en Guatemala actuó reconstruyendo el tejido social e impulsando la organización local en Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz. La OEA organizó un paquete de apoyo por medio de la Unidad para la Promoción de la Democracia UPD. Posteriormente, y como consecuencia de los Grupos Consultivos, apoyó a las Mesas Intersectoriales de Diálogo. Finalmente, muchos actores de la sociedad civil de varios países, incluyendo fundaciones e instituciones religiosas, apoyaron iniciativas pro paz de la sociedad civil guatemalteca.}

Para un análisis global de la ejecución, diríamos que cuatro variables pueden ser las más importantes:

• La voluntad política de los gobiernos ;

• El apoderamiento por la población ;

• El acompañamiento de la comunidad internacional ;

• La disponibilidad de recursos económicos.

Asimismo hay que distinguir entre los compromisos operativos y los sustantivos.

En relación a los operativos, los dos referidos a procedimiento y agenda se cumplimentaron con pocos tropiezos. El operativo sobre la desmovilización y reinserción es probablemente el mejor ejecutado; la URNG hizo dejación de armas y se desmobilizó, en un proceso supervisado por 188 observadores de Naciones Unidas con calidad de boinas azules, los que incluían a 145 militares y 43 policías provenientes de 18 países. Los insurgentes se reintegraron a la vida civil, establecieron fundaciones y think tanks y el partido político que fundaron ha obtenido porcentajes electorales significativos en las dos elecciones posteriores.

Es de destacar que las garantías de seguridad se observaron bien y que no se han dado hechos de violencia, más que en forma aislada, contra los desmobilizados. Como deficiencias de ese proceso hay que destacar el no pleno cumplimiento de proyectos de atención para la sostenibilidad de los programas.

De allí que el balance general sobre la tríada DDR demobilization, disarmament and reintegration es en general positivo, si bien en cuanto al último componente es incompleto.

El Acuerdo de Cronograma merece otro criterio. El balance del mismo efectuado por la MINUGUA y la comisión de Acompañamiento al finalizar el plazo de cuatro años, constató un cumplimiento parcial. Un porcentaje de los compromisos se habían ejecutado totalmente, otro estaba en proceso de realización sin haber concluido y un tercer bloque no se había observado en absoluto. Los diversos actores de la paz discuten sin ponerse de acuerdo, sobre la medición de los respectivos porcentajes.

En el curso de ese ejercicio se comprobó que algunos compromisos, al realizarse, habían generado otros nuevos, de seguimiento, que constituyen compromisos de segunda generación. En el año 2002 la Comisión de Acompañamiento dispuso una nueva calendarización de todo lo que no estaba realizado y le asignó otro plazo de 4 años. [Comisión de Acompañamiento, 2000]

El Acuerdo de Cronograma

Incluyó 179 compromisos, de los cuales 170 eran responsabilidad del Organismo Ejecutivo. De ellos la MINUGUA estimó a finales de 1999 que se habían cumplimentado totalmente 63, quedando pendientes 103. A finales del año 2000 la Comisión de Acompañamiento opinó que estaban pendientes 63 compromisos y que se habían sumado 56 de segunda generación. En el segundo cronograma se incluyeron finalmente 119 obligaciones para completarse hasta finales del 2005.

Finalmente, el Acuerdo sobre reformas constitucionales que tiene un carácter mixto - ya que siendo operativo se relaciona con lo sustantivo - no se cumplió, pero no por responsabilidad de las partes, sino porque la Consulta Popular (plebiscito) necesaria para implementarlo, fue rechazada por los electores.

En cuanto a los contenidos sustantivos, se pueden aplicar las variables mencionadas en la forma siguiente:

• La voluntad política de los gobiernos no es la única, pero sí la decisiva, ya que la mayoría de obligaciones correspondían en ejecución a decisiones del Organismo Ejecutivo, y en menor medida a otros organismos de Estado o a la URNG.

• Los tres regímenes del periodo, de los Presidentes Alvaro Arzú (1996-1999), Alfonso Portillo (2000-2003) y el actual de Oscar Berger (2004-2008) se comprometieron públicamente con las disposiciones de la paz y tomaron diversas medidas para incorporarlas como parte de las políticas públicas; sin embargo, la voluntad política debe interpretarse más allá de esos ámbitos, en cuanto a la real disposición y práctica de tomar decisiones que generan costos políticos y eventualmente de confrontaciones con actores de poder, ya sean institucionales o fácticos.

En el caso que estudiamos, una parte de los compromisos operativos iban en contra de los intereses de sectores de poder económico que tradicionalmente han mantenido cautivo al Estado, de ideologías conservadoras y racistas, de los remanentes del autoritarismo, reconvertidos en los llamados “poderes paralelos”.

Esa combinación de spoilers, poseedores de influencia mediática, económica y de medios de violencia no eran fácilmente superados y si bien no hay medios para medir apropiadamente la voluntad de los gobiernos en cuanto a confrontarlos, puede opinarse que esa voluntad si existió, pero dentro de límites.

• La variable relativa al apoderamiento de la población de los contenidos de la paz, se consideraba esencial para la realización del Imaginario. Sin embargo, la misma parece haberse dado solamente en forma parcial. Nuevamente es difícil contar con indicadores precisos, pero diversas encuestas han demostrado un nivel insatisfactorio de conocimiento de los Acuerdos, aunque se registre una tendencia generalizada de apoyo a la idea de la paz.[Molketin.2001]

Tampoco parece haberse logrado una difusión del Imaginario hacia todo el país, pese a que las Mesas Departamentales cabalmente buscaban pensar los compromisos desde lo local.

Ciertamente los compromisos han sido tomados con persistencia y profundidad por un conjunto de actores de la sociedad civil; siguen siendo aceptados formalmente como importantes por los partidos políticos y no están ausentes de los grandes debates nacionales. Lo que no parece haberse logrado en todo caso, es colocar el tema de la paz como primera prioridad en la agendas cotidianas de la ciudadanía, en la difusión de los medios de comunicación o en la pensa de los sistemas educativos.

Destaca, por otra parte, un sector difícil de cuantificar de spoiler, activos en cuanto a oponer las disposiciones de la paz por medios jurídicos, políticos, de opinión pública y empleo de la violencia. A esos sectores se debe principalmente la derrota del referéndum del 16 de mayo de 1999. [Jonas, 2000]

• La comunidad internacional, cuya configuración ya fue explicada, mantuvo un interés permanente en el proceso. Aparte de los consultivos, la mayoría de actores en la relación bilateral introducían el tema del cumplimiento. Sin embargo, el nivel de apoyo empezó a disminuir con el paso del tiempo; aunque dependiendo del espacio que les permitía el gobierno anfitrión, representantes diplomáticos y de organismos internacionales solían asumir papeles muy activos de incidencia. El mandato de la MINUGUA, que originalmente corría hasta el año 2000, fue prolongado por cuatro años más y finalmente se extinguió en diciembre de 2004.

A partir de 2003 se abrió un intenso debate entre los partidarios y adversarios de la paz, sobre la figura de continuación de la presencia de Naciones Unidas. Se propuso la creación de un ente sin precedentes, la CICIACS, que con representación del Secretario General tendría un mandato cuasi judicial, a fin de investigar y promover pesquisas judiciales en relación a los llamados “poderes paralelos”. La iniciativa fue producto de un consenso entre la Procuraduría de los Derechos Humanos, la sociedad civil y el Gobierno de la República representado por el Canciller Edgar Gutierrez. Pero para mediados del 2004 no se había podido llegar a su instalación. [Coalición, 2004]

La Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (CICIACS).

La CICIACS fue establecida por medio de un Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, firmado el 7 de enero de 2004. Por medio de ese instrumento se solicitó la intervención del organismo mundial para establecer una Misión Internacional, para ayudar al Estado de Guatemala a investigar la estructura y actividades de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y su vinculación al Estado; así como para procesar a las personas responsables. La Misión estaría dotada de amplias facultades, inclusive para provocar la persecución penal, así como recomendar reformas jurídicas e institucionales. Esta insólita decisión para un Estado soberano, es el reconocimiento de su impotencia en desmantelar a estructuras sobrevivientes del autoritarismo y convertidas en mafias criminales. Sin embargo, el nuevo Congreso establecido después del cambio de gobierno no ratificó el instrumento.

En relación a la disponibilidad de recursos económicos, ello tiene que ver con la estimación del costo financiero de poner en práctica los compromisos, y la disponibilidad o no de los mismos.

En este sentido los Acuerdos contienen una clara lógica económica. Para alcanzar el desarrollo social y permitir al Estado las inversiones en la agenda social y en general cumplir con las metas del gasto público requerido por los compromisos, se estableció la meta de lograr un crecimiento económico que debería llegar al 6% en el año 1999 y sostenerse, así como un incremento de la carga tributaria hasta llegar al 12 % del PIB en el año 2000.

Ello debería redundar en alcanzar un crecimiento de los presupuestos de salud, educación, seguridad ciudadana y administración de justicia equivalente al 50 % sobre el año base (1995) para el 2000, a la vez que una sostenida disminución del presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa, lo conduciría al equivalente del 0.66 % del PIB para el mismo año (3).

El argumento de esta lógica parece ser el de que la implementación de las reformas económicas y sociales, que incluían las fiscales, iban a dar como resultado el crecimiento económico y el desarrollo social.

En los hechos ello no fue así. Los factores que influyen en los procesos económicos son múltiples, tanto internos como externos, tal como señala el apotegma de la complejidad creciente de Dows: “Mientras más tiempo pasa desde la conclusión de una misión de paz, es más probable que cualquier número de factores externos (por ejemplo, ciclos económicos, hambrunas, climas inusualmente buenos o malos, las políticas de Estados vecinos, la conducta de los primero líderes electos) se hacen responsables de lo que sucede en lugar de la tecnología de la misión de paz en sí misma” [Dows,2002] un objetivo tan complejo como el crecimiento económico era difícil de ubicar en una meta de tan corto plazo. Lo cierto es que el objetivo no se alcanzó. En particular, en los últimos años del cronograma de cumplimiento se hizo evidente el retraso.

Crecimiento de la economía (medido en relación al PIB)

• 1996 : 3.0

• 1997 : 4.4

• 1998 : 5.1

• 1999 : 3.9

• 2000 : 3.4

• 2001 : 2.6

• 2002 : 2.2

• 2003 : 2.0

• 2004 : 3.0*

*estimado

Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2004. Capítulo 1/11. Crecimiento económico. Cuadro 52.

Esa tasa de crecimiento económico contrasta con el aumento de la población que se mantiene en cerca de un 4 %.

Un problema similar se dio con la meta de recaudación tributaria. Asumiendo que una parte del presupuesto de la paz tendría que originarse en fuentes nacionales, se entiende la importancia de la reforma fiscal contenida en el Acuerdo Socio Económico. Se fijaba la meta de elevar la carga tributaria al 12 % del PIB, objetivo muy modesto en comparación con la media tributaria del continente.

Sin embargo, el tema se refería a uno de los ejes de mayor conflictividad entre el Estado y los intereses económicos, ya que varios intentos anteriores en esa dirección habían fracasado, por la oposición de los sectores empresariales.

En el Acuerdo se estipulaba la convocatoria a un Pacto Fiscal, el cual después de muchas demoras fue convocado a principios de 2000.

El pacto originó un conjunto de consensos para elevar la captación de recursos por el gobierno; sin embargo dificultades políticas que volvieron a reflejar la debilidad en la voluntad del Estado y de los empresarios en cuanto a esos arreglos, impidieron que el Pacto alcanzara plenamente sus finalidades. [Valdez, Palencia, 1998]

Después de que la búsqueda del consenso no se logró, el Estado implementó una política fiscal que, pagando el costo de una fuerte confrontación con el sector empresarial, logró la aprobación de reformas legales en el 2001. Como resultado, en el 2002 se llegó al mayor nivel histórico de recaudación en el 2002, un 10.6 %.

Pero las mencionadas confrontaciones y sus derivados legales, incidieron en que para el 2003 la tasa bajara el 10.3 % y que para el 2004 se estimara que podría caer al 9 %.

Ahora bien, ¿cuál es el costo de llevar a la realización los compromisos de la paz? También el cálculo del costo financiero de la “Cartera de la Paz” es complejo. Pero el gobierno, sobre la base del primer Cronograma, lo estimó en 2,312 millones de dólares. Durante la reunión del primer Grupo Consultivo, efectuado en Bruselas en 1997, el monto de la cooperación internacional, sumando los ofrecimientos de países y de entidades multilaterales, cubría esas estimaciones. [Gobierno, 1997] A esa cantidad se sumaron aportes adicionales después del Grupo Consultivo especial, para la reconstrucción de Centroamérica del año 1998, con posterioridad al azote de la tormenta tropical Mitch en la región Para finales del 2001, el monto total de los convenios firmados así como los en ejecución llegaban a 3,214 millones de dólares. [IDB,2002]

Un tercer grupo Consultivo, reunido en Washington en 2002, revisó el estado del proceso de paz y comprometió nuevos apoyos por un monto de 1296 millones de dólares. [Gobierno, 2003]

Aunque la colaboración, a nivel de ofrecimiento, sobrepasó las estimaciones de necesidades originales, en los hechos se concretaron cantidades menores en cuanto a suscripción de obligaciones; disminuyeron aún más en materia de desembolsos, por un conjunto de razones entre las cuales figuran dificultades técnicas del Estado en cuanto a la formulación de proyectos y la no disponibilidad de fondos de contrapartida.

Debido a ese conjunto de causas, el Estado no logró reunir los recursos que precisaba la Cartera de la Paz, a lo que se añade un irrespeto a otro compromiso, el de encauzar el gasto presupuestario preferentemente hacia los renglones sociales, así como el hecho de que el gasto militar, limitado por los Acuerdos a una suma no mayor del 0.66 del PIB, no fue observado. Estas dificultades apuntan otra vez a los límites de la voluntad política.

Otra área de importancia es la de la llamada “agenda legislativa de la paz” o sea la aprobación de la legislación requerida, para poner en práctica los compromisos. La misma ha tenido el siguiente movimiento:

Fuente: Catalina Soberanis: La participación de los partidos políticos en el proceso de paz en Guatemala y su papel en el fortalecimiento del Organismo Legislativo. Ponencia presentada al congreso internacional de MINUGUA, Guatemala, 27-29 de octubre de 2004.

1966-2002	2000-2004
Ley del Fondo de Tierras	Nuevo Código Municipal
Ley de la Policía Nacional Civil	Reformas a la ley de Consejos de desarrollo urbano y rural
Aprobación del Convenio 169 de la OIT	Ley general de Descentralización
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer	Reformas al Código de Trabajo
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar	Sanciones penales a la evasión y defraudación fiscal
-	Reformas a la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas
-	Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República
-	Ley de Servicio Cívico
-	Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia

Para finales del 2004, se estimaba que la legislación pendiente debería abarcar por lo menos las siguientes leyes:

• Reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ;

• Ley de Presupuesto General de Ingresos del Estado ;

• Ley Marco de la Institucionalidad de la Paz ;

• Ley para la creación de la CICIACS ;

• Ley de Libre Acceso a la Información y Habeas Data ;

• Ley de Armas y Municiones ;

• Ley de Empresas Especializadas en Servicios de Seguridad e investigaciones Privadas ;

• Ley de creación de la Dirección General de Inteligencia Civil ;

• Ley Orgánica y de Régimen Interior del Organismo Legislativo ;

• Penalización del acoso y hostigamiento sexual con agravante en caso de que la víctima sea mujer indígena ;

• Ley del Programa Nacional de Resarcimiento ;

• Ley del Centro Nacional de Información Territorial y de la Propiedad Inmueble de Guatemala ;

• Reformas a la Ley General de Telecomunicaciones ;

• Ley de Clasificación y Desclasificación de información estatal reservada.

Fuente: Catalina Soberanis, op. Cit.

El lento movimiento de la agenda legislativa de la paz ha afectado el ritmo de cumplimiento de los compromisos, dado que a los 8 años de la firma de los Acuerdos, está pendiente cerca del 50 % de la legislación necesaria para implementarlos, sin tomar en cuenta la reforma constitucional.

Notas

• (1) : Carta firmada por los “Verdaderos hijos de la dignidad”, SF, Archivo personal del ingeniero Amílcar Burgos.

• (2) : Citado en: Gabriel Aguilera et al. Buscando la paz. El bienio 1994-1995. FLACSO, Debate 32, Guatemala, 1996.

• (3) : Contenido en: Programación de Metas Mínimas Indicativas 1997 – 2000. en un anexo del Acuerdo de Cronograma.