Guatemala: el posconflicto imperfecto y las nuevas amenazas para la paz

I. Introducción

El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y las fuerzas guerrilleras agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) suscribieron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Fue la culminación de un largo proceso de negociaciones que tuvo sus inicios en 1987, cuando el entonces Presidente de la República, Vinicio Cerezo, impulsó las primeras reuniones entre las fuerzas que habían estado enfrentadas desde la década de los años 60.

Este proceso afrontó numerosos obstáculos, entre ellos el rechazo del sector empresarial y la profunda desconfianza de los militares. No obstante, cobró forma a partir de 1994, cuando las negociaciones empezaron a concretarse en acuerdos, como el relativo a los derechos humanos y el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas.

A estos siguieron los compromisos en materia socioeconómica y agraria, derechos e identidad de los pueblos indígenas, fortalecimiento del poder civil, las pautas para la reinserción y el relativo al esclarecimiento histórico, entre otros.

No es fácil resumir largos años de negociaciones, desencuentros, enfrentamientos, momentos de inminente ruptura y los complicados manejos que, finalmente, hicieron posible no sólo el cese de fuego y la reinserción a la vida legal de los insurgentes, sino, principalmente, dotaron al país y a la sociedad de una agenda estratégica para concretar transformaciones sociales, políticas y económicas postergadas por mucho tiempo. Los compromisos asumidos incrementaban el potencial de los cambios iniciados diez años atrás con la apertura democrática, el fin del régimen militar, el inicio de los gobiernos civiles, la puesta en vigencia de una nueva Constitución Política y el avance en la institucionalidad.

Infortunadamente, los compromisos de orden operativo fueron cumplidos con oportunidad y pertinencia, pero a partir de 1999 se perdió el impulso y no fue posible seguir avanzando en los aspectos sustantivos. La voluntad política no fue suficiente, y aunque para entonces habían disminuido sensiblemente los ataques contra los acuerdos de paz sustantivos, el proceso enfrentó indiferencia de casi todos los sectores que se habían acomodado a las nuevas circunstancias: una paz que se circunscribía a la ausencia del enfrentamiento armado y al impulso de algunos cambios que no implicaban remover las causas profundas que llevaron a la sociedad a una situación que dejó más de 200 mil víctimas de la violencia fratricida.

De manera que el posconflicto quedó prácticamente a la deriva, sin dirección estratégica y fueron abandonadas o marginadas las dinámicas más esenciales, a pesar de que en varias oportunidades se intentó recuperar el sentido profundo de los acuerdos. Esto expuso a la sociedad a la pérdida de expectativas reales respecto de la agenda estratégica de la paz y la sumergió en el círculo vicioso de los problemas no resueltos, las amenazas emergentes y las tendencias que de cuando en cuando hacen peligrar los avances alcanzados en el marco del proceso de democratización.

II. Las tendencias nacionales que fomentan la pérdida de gobernabilidad

Los problemas históricos no resueltos, los remanentes del conflicto armado interno y del régimen autoritario que prevaleció en el país por décadas, han configurado en el posconflicto al menos cuatro grandes tendencias que están ocasionado una situación de pérdida de gobernabilidad y hacen más complicado reencauzar la búsqueda de la paz. Ellas son: 1) Violencia, criminalidad e impunidad, 2) Precariedad social y económica, 3) Confrontación política y 4) Conflictividad social. En realidad, no constituyen un fenómeno nuevo, pero algunas de ellas se han recrudecido durante el posconflicto.

• 1). La violencia y la criminalidad que desatan la delincuencia común, las pandillas juveniles y el crimen organizado, han alcanzado niveles incontrolables y ocasionan alrededor de seis mil víctimas mortales al año.

Adicionalmente están otras fuentes de violencia que tienen un impacto político intenso, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a estructuras de las fuerzas de seguridad del Estado (aunque no siempre responden a una política institucional); el linchamiento de delincuentes o presuntos delincuentes a manos de pobladores que deciden “administrar justicia” por cuenta propia, y los hechos de “limpieza social” promovidos por pobladores organizados que actúan por sí mismos o con la cooperación de agentes de seguridad contratados para el efecto.

Todo lo anterior tiende a consolidarse en la medida que los órganos de justicia y seguridad son inoperantes. Alrededor del 96% de los casos no son resueltos, pues hay deficiencias monumentales en materia de investigación criminal, persecución penal y enjuiciamiento; prevalecen la falta de vocación de servicio, de ética y de excelencia profesional, así como la falta de voluntad política para tomar decisiones que cambien drásticamente la situación descrita. Es un ambiente fértil para los mecanismos de obstrucción de la justicia y los diversos factores propios de la denegación de justicia, de suerte que la mayoría de los casos cae en el agujero profundo de la impunidad.

• 2). En el plano económico y social se han agudizado la pobreza, el desempleo y el déficit habitacional; y se ha reducido el acceso a servicios esenciales como la salud, los sistemas sanitarios y la educación. En términos concretos, la desigualdad, la inequidad y injusticia siguen lacerando severamente a los amplios segmentos de población en situación vulnerable.

Además, en la última década se han reportado eventos fuera del control del Estado, como los copiosos inviernos y las tormentas tropicales, que en consecuencia elevan los índices de precariedad al provocar daños en la infraestructura y en los enclaves turísticos, cierre de fuentes de empleo y destrucción de comunidades enteras.

Esto no sólo provoca un mayor hundimiento económico al dejar a miles de familias sin vivienda y sin efectos personales, sino también provoca enfermedades física y graves daños a la salud mental. La población queda indefensa, pero lo peor es que el Estado se muestra ineficiente en las tareas de reconstrucción, lo cual se agrava cuando se crean nichos de corrupción sobre esta desgracia humana.

Hay por lo menos dos variables externas que están empeorando la situación: a) las masivas deportaciones desde Estados Unidos de guatemaltecos indocumentados, que repercute en el cese de las remesas familiares y se traduce en pérdida de ingresos en la economía familiar y descenso en la captación de divisas; y b) el incremento constante de los precios del petróleo que genera alza en el precio de bienes y servicios.

Las perspectivas no parecieran ir hacia un cambio positivo, porque todo apunta a una caída de la carga fiscal y a que continúen incólumes los problemas en materia de recaudación y administración tributaria, tanto por efectos de la evasión, la elusión y la defraudación al fisco, como por la práctica del gasto ineficiente y la prioridad que se da a renglones no esenciales.

• 3). La confrontación política, lejos de disminuir tras la firma de la paz, se ha generalizado y afecta a los diferentes sectores. Por supuesto, ya no se vive el ambiente de polarización que caracterizó el conflicto armado interno, la típica lucha del régimen contra los grupos subversivos, los movimientos de izquierda, las expresiones democráticas y los movimientos sociales.

No obstante, hay un marcado remanente de animadversión ideológica y desconfianza entre los grupos otrora enfrentados, que dificulta la articulación de diálogo intersectorial que derive en acuerdos y consensos sobre cómo enfrentar los viejos y nuevos problemas del país.

Las elites poderosas están fraccionadas internamente y continúan con posiciones reacias a apoyar cambios estructurales que combatan efectivamente los esquemas de injusticia, desigualdad e inequidad que mantienen a amplios segmentos de población sumidos en condiciones de extrema pobreza, falta de acceso a la justicia, la salud y mejores condiciones de vida.

Entre las fuentes de confrontación más evidentes está el problema agrario, que enfrenta a los movimientos campesinos con el poderoso sector privado, especialmente con los agroexportadores y latifundistas; y con grupos sociales conservadores que mantienen el rechazo a posiciones que consideran “comunistas”. Otra fuente es la irreconciliable posición entre las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno y el Ejército y sus miembros, pugna en la que intervienen los grupos conservadores pro militaristas.

Han emergido, además, nuevos focos de enfrentamiento alrededor de las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, los tratados de libre comercio, la explotación de los recursos naturales, como la administración de los recursos hídricos y mineros; y la pugna que libran poderes emergentes enraizados en la delincuencia organizada que intentan ampliar su influencia en el ejercicio del poder público y el funcionamiento de las instituciones, entre otros.

Los partidos políticos, especialmente los que controlan más cuotas de poder en gobiernos municipales, el Gobierno Central y el aparato legislativo, constituyen la elite política más confrontada, al extremo que numerosos proyectos, programas y decisiones fundamentales para el Estado de Guatemala suelen afrontar obstáculos difíciles de superar antes de ser aprobados o puestos en marchas. Muchos de ellos quedan truncados o no logran ser implementados. De esta situación surgen las características más visibles de inviabilidad de asuntos cruciales, especialmente en el plano legislativo.

• 4). En el tema de la conflictividad social predomina el problema agrario en sus dos vertientes: demanda de tierras y violación de derechos laborales. La inoperancia de la justicia laboral y la actitud histórica de represión contra los movimientos campesinos, convierten a éste en un problema de amplias dimensiones, cuyo tratamiento es evadido y relegado constantemente.

Otros problemas de crean conflictividad son los relacionados con el deplorable estado de los sistemas nacionales de atención médica preventiva y curativa, los desacuerdos entre el Gobierno y el gremio magisterial sobre la reforma educativa, que incluso han provocado prolongadas huelgas y protestas públicas; el rechazo de comunidades indígenas y campesinas a la construcción de hidroeléctricas y a la explotación de recursos mineros,

En relación con estos temas de conflicto social surgió desde 2005 un actor predominante, que a la vez funge como el último referente de confianza: la jerarquía de la Iglesia Católica, un antiguo factor de poder real tradicional. Los obispos se han convertido en referente para el abordaje de las coyunturas temáticas complejas. En determinadas coyunturas han realizado funciones que son más connaturales a los partidos políticos, al Congreso de la República, a organizaciones sociales y al Gobierno mismo.

Los efectos de este ambiente de conflictividad incluyen, por un lado, una constante tensión institucional, el uso de la fuerza estatal, discursos que fomentan la confrontación, actitudes gubernamentales que dilatan el problema y no ofrecen soluciones viables; desgaste del recurso del diálogo, pérdida de interlocución entre actores clave y hasta el aparecimiento de grupos que manipulan a algunos movimientos sociales, utilizando las demandas legítimas para generar más inestabilidad política o ganar control sobre población y territorio.

Las perspectivas van en el orden de que, al no cambiar las condiciones actuales, habrá mayor descontento social, conflicto y confrontación; se podría acentuar el carácter inviable de los procesos de diálogo emprendidos hasta ahora; así como más represión y uso de la fuerza ante un incremento de hostilidades y medidas de presión por parte de algunos movimientos sociales.

Las tendencias antes mencionadas influyen una sobre la otra, en el fondo hay una relación casi intrínseca, y cuando se activan en forma simultánea, debilitan la autoridad del Estado y la estabilidad política. Su persistencia impide desarrollar procesos de diálogo, negociación, consenso y búsqueda de una agenda común entre el Estado, los diferentes sectores nacionales, las expresiones sociales y las elites económicas y políticas del país.

III. El fallido tratamiento del pasado

En lo que respecta a la justicia, la verdad y la reparación para los centenares de víctimas del conflicto armado, Guatemala es una sociedad traumatizada por la violencia y la impunidad. El poder militar y los sectores conservadores que lo apoyan intentaron evadir el tratamiento del pasado a través de leyes de amnistía, pero no lo logró totalmente por ese medio.

Han sido más efectivos los mecanismos de obstrucción de justicia porque, si bien no hay un comportamiento sistemático de impedir la presentación de causas judiciales por violación de derechos humanos, los procesos simplemente no avanzan.

Existe una dinámica que se debate entre abrir y cerrar oportunidades para la justicia y las víctimas. No hay un cierre total. Tampoco hay una apertura total. Ha habido momentos en los que la dinámica política abre un pequeño espacio y se producen ciertos avances. En contraposición, también ha habido momentos en que la dinámica se mueve hacia un punto de cierre y los pequeños avances son anulados o disminuidos.

Esta oscilación depende de las fuerzas políticas en el posconflicto: los militares, que evitan ser expuestos ante la justicia y la verdad; el poder económico y las fuerzas conservadoras, que tratan de controlar al Estado y el alcance de la democracia; y los partidos políticos, que negocian constantemente su permanencia en posiciones privilegiadas, aún a costa de importantes transformaciones nacionales. Estas fuerzas son las que definen cuándo se abren o cuándo se cierran los espacios, y determinan la magnitud de los avances.

Para el caso de estas reflexiones, los acuerdos de paz constituyen un buen modelo para el tratamiento del pasado y la posibilidad de experimentar algunos aspectos de la justicia de transición; además de que sientan bases coherentes sobre los pasos que deben darse en pos de la transformación institucional y la creación de condiciones efectivas para la paz.

Por ejemplo, se estableció la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y se determinaron varios compromisos orientados a luchar contra la impunidad vía la reforma de los órganos de justicia, seguridad e inteligencia, en cuyo seno se gestó la actual impunidad. Se suponía que esto abriría una ruta segura hacia la aplicación de justicia formal sobre los miles de casos de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, masacres y genocidio, pero no fue así.

Algunos hechos al respecto: si bien se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el Estado de Guatemala no ha querido reconocer oficialmente su informe. No obstante, éste ya ha sido utilizado como prueba documental en varios juicios nacionales e internacionales; las transformaciones en justicia, seguridad e inteligencia muestran poco avance; y aunque se creó el Programa Nacional de Resarcimiento, éste no ha sido operativo ni ha llenado las expectativas de las víctimas, al reducir la reparación prácticamente a la entrega de dinero.

Algo más: los acuerdos de paz no promueven con certeza la reconciliación, precisamente por ser un tema que causa molestia, incomodidad y rechazo en los bloques de poder. Independientemente de eso, una interpretación sistemática de los acuerdos ofrece la posibilidad de tomarlos como punto de partida para empezar a construir un proceso sociopolítico y jurídico que trate el pasado; y promueva una transición desde la impunidad y la denegación de justicia hacia un estadio donde la legalidad y la igualdad jurídica garanticen la reparación judicial que tanto necesitan las víctimas.

Vale mencionar que la actitud reacia de los bloques de poder a tratar el pasado y abordar la reconciliación, con sus componentes de verdad, la justicia y la reparación, no ha sido el único obstáculo. También es preciso mencionar que muchas organizaciones de la sociedad civil no se apropiaron realmente del contenido de los acuerdos de paz ni de los compromisos establecidos, pues algunas han optado por mantener posiciones de confrontación y otras no ven el carácter integral de su significado. En términos globales, no hubo suficiente apropiación local, por incomprensión y por intereses espurios.

¿Qué pasa en la sociedad cuando se deniega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación La sociedad se sumerge más y más en la impunidad. Es lo que ya estamos viviendo. No hubo justicia para los hechos de horror ocurridos en el marco del conflicto armado interno, ahora tampoco la hay para las víctimas del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, la violencia política y la delincuencia común.

El resultado es que la sociedad, que no se ha recuperado de las décadas de violencia contrainsurgente, vive un posconflicto lleno de complicaciones, sin muchas perspectivas debido al surgimiento de tendencias nocivas como las antes mencionadas, y por otros factores como:

• Los bloques de poder mantienen bajo control los límites y alcances de las transformaciones institucionales.

• Las instituciones garantes de la paz, la justicia, la democracia y los derechos humanos afrontan acecho, presiones y limitaciones que impiden que verdaderamente sean independientes, imparciales y autónomas.

• La pérdida de confianza y de credibilidad en las instituciones y en el sistema político.

• El surgimiento de nuevos poderes, de corte criminal, que están penetrando las instituciones estatales.

IV. Desafíos pendientes

Los compromisos de la paz y las transformaciones institucionales en curso o pendientes, dan una perspectiva amplia de lo que puede lograrse, pero las condiciones nacionales ya descritas lo han impedido hasta ahora.

Para romper este estancamiento, hay que afrontar varios desafíos, entre ellos:

• Tratar de penetrar las sólidas defensas del poder real e intentar, poco a poco, mostrar el lado positivo de abordar el pasado y apoyar la transformación institucional, puesto que un cambio de condiciones generará un ambiente más saludable para todos.

• Las organizaciones que representan a las víctimas tienen también sus propios desafíos, en el sentido de que deben remontar el comportamiento tradicional de la denuncia política, para arribar a un nuevo estadio donde las ciencias, la técnica y la política funcionen como auxiliares en la búsqueda de justicia, verdad y reparación; en la promoción del desarrollo, la reforma del Estado y la reconciliación.

• La sociedad civil en general tiene que caminar esa misma ruta, a efecto de que los espacios de participación ciudadana sean aprovechados para generar comportamientos con tendencia a proponer soluciones, en un marco de responsabilidad y respeto, y abandonar las posiciones tradicionales de confrontación. Hay que lidiar con los poderes reacios, la falta de voluntad política, un sistema de partidos políticos sin credibilidad y sin legitimidad, pero son los actores que están llamados a ser contrapartes en ésta y otras temáticas. No deben ni pueden ser obviados.

V. El aporte desde la sociedad civil: el caso de la Fundación Myrna Mack

La Fundación Myrna Mack (FMM) es una organización de la sociedad guatemalteca, que desde su creación en 1993 ha desarrollado su trabajo en los ámbitos de la promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la implementación de los conceptos de la seguridad democrática.

Su propósito y su fin han sido desde entonces luchar contra la impunidad que impera en el país y contribuir a la construcción de un Estado democrático de Derecho, a través del impulso de propuestas técnicas y planteamientos políticos que hagan viable la modernización y democratización del sistema de justicia y la transformación de los aparatos de seguridad, defensa e inteligencia del Estado.

También impulsa la generación de pensamiento político democrático con el propósito de crear un entorno social y comunitario favorable para la convivencia pacífica, la paz y los valores democráticos. Conceptos éstos que deben convertirse en verdaderas prácticas cotidianas, que de manera paulatina modifiquen y transformen los patrones y las conductas legadas por décadas de confrontación, injusticia social, desunión, corrupción, violencia y criminalidad que nos han azotado como sociedad.

La Fundación lleva su nombre en memoria de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack Chang, quien fue ejecutada extrajudicialmente el 11 de septiembre de 1990 en el marco de un operativo ilegal de inteligencia, planificado y desarrollado por el extinto Estado Mayor Presidencial. Myrna fue identificada por el Ejército como una “enemiga interna” para la seguridad del Estado, concepto inherente a la Doctrina de Seguridad Nacional, debido a las investigaciones que ella desarrollaba sobre el fenómeno del desplazamiento interno en Guatemala en su calidad de investigadora en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO).

Desde el asesinato de Myrna, sus familiares y amigos cercanos se embarcaron en una lucha incesante por establecer la verdad y buscar la justicia. En el curso de catorce años, fueron desarrollados y culminados tres procesos judiciales: en 1993 se condenó al autor material del hecho, Noel de Jesús Beteta Álvarez, y en el 2004 se emitió sentencia contra el coronel Juan Valencia Osorio por la autoría intelectual. El tercer proceso, que se llevó a cabo en el ámbito interamericano, finalizó en el 2003 con la condena al Estado de Guatemala por la constante denegación de justicia que propició durante los años de proceso interno y por su responsabilidad directa en la ejecución extrajudicial de Myrna.

A partir de 1993, la FMM participó directamente en la construcción de estos procesos judiciales, los cuales, sin duda, constituyen ahora un paradigma en la justicia guatemalteca y un referente importante en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, en tanto que sentaron importantes precedentes en materia de administración de justicia.

El desarrollo del caso Myrna Mack permitió observar y experimentar de cerca cómo funciona la impunidad y cuáles son sus formas y mecanismos; cómo operan quienes se encargan de hacerla prevalecer y cómo se tejen todas aquellas estrategias orientadas a impedir por cualquier medio la aplicación de justicia. El estudio de los obstáculos que debieron ser afrontados y el descubrimiento de las redes y los mecanismos de la impunidad, han dado a la Fundación Myrna Mack insumos para plantear estudios y propuestas en campos que hasta entonces habían sido poco explorados en el país.

A catorce años de su creación, esta organización se ha convertido en un importante referente nacional e internacional para la discusión de los problemas atinentes a la justicia, la seguridad, la reconversión militar y los derechos humanos. Problemas estos que a su vez representan un verdadero reto para la construcción de la paz, la democracia y el Estado de Derecho. Algunos de los aportes más relevantes de la FMM en el ámbito de la seguridad y defensa del Estado han sido:

• Propuesta para eliminar el Estado Mayor Presidencial (EMP). Se logró incluir este compromiso en los acuerdos de paz y la entidad quedó oficialmente disuelta en el 2003.

• Propuestas para el adecuado funcionamiento de la inteligencia civil; así como planteamientos técnicos para crear el Sistema Nacional de Inteligencia y el Sistema Nacional de Seguridad. Ello con el fin de que estos organismos sirvan a los más altos intereses del Estado y no sean utilizados de manera arbitraria como mecanismos violatorios de derechos humanos, por incurrir en prácticas de control social y espionaje político.

• Estudios y debate sobre la existencia de los poderes ocultos y estructuras criminales que generan violencia con impacto y motivación política, así como propuestas para desmantelarlos y sancionar a sus integrantes. La FMM participó, aportando propuestas técnicas concretas, en la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que busca contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia, a través de la investigación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y de la ejecución de programas de asesoría técnica a las instituciones encargadas de la investigación criminal y la persecución penal.

• Propuestas para la reconversión del Ejército, tales como: un marco conceptual para la nueva legislación en materia de defensa nacional y ejército; y su contribución en los debates sobre una nueva doctrina militar y una nueva política

• El estudio sobre los mecanismos de la impunidad, que aborda los diferentes factores que obstruyen la administración de justicia y propone medidas para eliminarlos. A partir de las experiencias y aprendizajes del caso Myrna Mack, se ha abierto una línea de litigio estratégico que permite apoyar, asesorar y llevar directamente casos de alto impacto social.

• Propuestas para evitar que la justicia militar sea utilizada como un fuero personal, generador de impunidad. A propuesta de esta Fundación, el Congreso de la República estableció en 1996 que los delitos comunes cometidos por militares deben ser tratados en el fuero común. Ahora se trabaja en nuevas propuestas, tendientes a modernizar la justicia militar con apego a parámetros democráticos.

• Estudios sobre la violencia que afecta a operadores de justicia y su impacto como factor que perjudica la independencia del juez, la autonomía de los fiscales y la estabilidad y desarrollo de los procesos penales, porque infunde terror y a lo largo de los años ha provocado la muerte o atentados contra la integridad física de centenares de operadores de justicia, abogados, testigos, querellantes adhesivos, entre otros sujetos procesales.

• Propuestas para crear la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de la Carrera Fiscal, a través de las cuales se pretende generar mecanismos adecuados relativos al nombramiento de los jueces y fiscales, la aplicación del régimen disciplinario, la separación de funciones, los procesos de formación y capacitación y los criterios de ascensos; y propuestas para la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ente que será el encargado de aportar pruebas científicas a los procesos judiciales.

• Estudios técnicos sobre el proceso penal vigente, el secreto de Estado y el libre acceso a la información pública.

Uno de los objetivos centrales de la intervención de la FMM en el ámbito nacional ha sido propiciar la apertura de espacios de diálogo intersectorial, así como promover canales de interlocución entre los diferentes sectores nacionales y las instancias de decisión política (Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial, Organismo Legislativo, Ministerio Público, partidos políticos, etc.).

Todo ello con el propósito de estimular la búsqueda de consensos sobre temas de interés nacional, particularmente vinculados a la justicia, la seguridad, la paz y los derechos humanos, a efecto de promover el perfil de un proyecto político nacional democrático.

Como ejemplos de esta actividad, vale mencionar que la FMM participó en 1996 en la creación de la Alianza contra la Impunidad, participa desde 1997 en la Comisión Nacional de Apoyo a la Justicia en Guatemala; es miembro fundador del Proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales especializadas en Seguridad (FOSS) y de la Red Guatemalteca de Seguridad Democrática. En 1999 promovió la creación del Movimiento Pro Justicia, con el fin de que la sociedad cuente con una plataforma social dedicada a estudiar los problemas de la administración de justicia y a proponer soluciones, reformas y transformaciones; a vigilar la ejecución del gasto en los sectores de justicia y seguridad, y a fiscalizar el nombramiento de funcionarios en estos dos sectores.

Estas mismas inquietudes han caracterizado su participación en el Foro Guatemala, espacio creado en el 2001 y del cual la FMM es cofundadora, junto a 18 organizaciones procedentes de diversos sectores, incluyendo empresarios, sindicalistas, iglesias y universidades.

Por último, en el ámbito de diferentes regiones del país ha impulsado la formación y la capacitación en derechos humanos, justicia y estrategias de incidencia política, a efecto de apoyar a las organizaciones en el desarrollo de habilidades y capacidades que les permitan participar adecuadamente en el tratamiento de los problemas específicos de sus comunidades.