La preponderancia que se le da actualmente a la amenaza y al miedo social permite fortalecer tendencias mundiales que privilegian la “seguridad” como primer principio para organizar las relaciones internacionales y para elaborar las politicas nacionales : el ejemplo de Guatemala.

Las tendencias mundiales en materia de seguridad, comercio y otros ejes estratégicos, particularmente las que llegan desde Estados Unidos, han configurado en Guatemala una situación interna que agudiza viejos problemas estructurales, en especial aquellos que han sido tradicionalmente abordados desde posiciones ideológicas confrontadas y que por largo tiempo han generado convulsiones sociales y políticas de diversa magnitud.

Entre otros aspectos, nos referimos a: la tenencia de la tierra, las relaciones obrero-patronales, las condiciones de pobreza y pobreza extrema, la situación pétrea de marginación y exclusión que viven amplios conglomerados guatemaltecos, mismas que son generadas por un orden social, económico y político caracterizado por la falta de equidad y de justicia social y por un comportamiento institucional proclive a favorecer al poder real, en desmedro del interés y el bienestar de la mayoría.

Estas tendencias, que en concreto presionan por el ajuste o el encaje de las prioridades nacionales a una “agenda superior” (predeterminada por el influjo externo, en este caso Estados Unidos, aunque en menor medida, también se observa y se siente el influjo que viene desde las potencias europeas, el que emerge desde Asia y en particular China, por su protagonismo cada vez más expandido en el orden mundial.), están desencadenando comportamientos internos en el aparato estatal y en los diversos sectores nacionales, que a su vez están teniendo un impacto casi devastador en las relaciones Estado-Sociedad y en el entramado de la ya compleja comunicación intersectorial. La firma de la paz y el posconflicto no dieron paso automático a la construcción de escenarios propicios para generar confianza entre sectores y entre éstos y el Estado. Sigue predominando la desconfianza, porque tenemos una larga historia de desencuentros y traiciones de cara a las más elevadas aspiraciones nacionales, en la medida que el grupo social dominante se ocupa en exclusiva de resguardar sus intereses sectoriales.

Esto no sólo augura más problemas en materia de gobernabilidad, sino también obstruye la posibilidad de iniciar un proceso de reconciliación y de alcanzar mejores índices de armonía en la convivencia social. Sobre todo cuando vemos que el Estado de Guatemala no diseña ni ejecuta políticas públicas o acciones concretas con el fin de atender y resolver los problemas estructurales que el país arrastra desde hace largo tiempo.

Algunos signos del contexto en que se coordinan las agendas

Algunos de los signos evidentes en esta coyuntura son: 1) El incremento de los índices de violencia política de origen diverso que está afectando a los opositores políticos, 2) Los ataques del crimen organizado muy concentrados sobre un tipo específico de víctimas y su consolidación a causa de la incapacidad y la falta de responsabilidad del gobierno y 3) La inexistencia de un Estado de Derecho, que a lo sumo es “sustituido” por el uso de formas duras, restrictivas y hasta represivas en la aplicación de la ley y el orden.

En estrecha relación con los tres aspectos anteriores encontramos: 4) La virtual paralización del proceso de democratización, en cuyo marco se tiende a acallar las voces disonantes y cerrar espacios de participación, 5) Una más acentuada inoperancia de la institucionalidad política del país, cosa que en gran medida es deliberada y tiene el afán de hace funcionar el aparato estatal y los controles democráticos sólo en casos especiales y sólo cuando es del interés de quienes manejan las intrincadas estructuras del poder público y 6) La caída de los índices de calidad de vida, lo cual crea más pobreza y condiciones precarias, en especial en los sectores históricamente afectados por la falta de bienestar social y económico.

Se mencionan únicamente estos seis aspectos en virtud de que ésta constituye una primera aproximación al contexto que se configura a partir del ajuste de la agenda nacional respecto del flujo de tendencias externas, y cuando estos flujos de presión entran en contacto con el estado crítico de las cosas en Guatemala.

El perfil de la violencia política

En el primer caso –la violencia política- es preciso indicar que ésta muestra varias manifestaciones:

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  • 1. La que afecta a quienes hacen oposición política al gobierno y cuestionan o tocan los intereses primarios de los bloques de poder, tanto el tradicional como el emergente. En anteriores análisis se ha esbozado la diferencia entre estos bloques: el tradicional, conformado históricamente por el sector empresarial, los partidos políticos fuertes y el sector militar; y el emergente, conformado por las nuevas expresiones de poder político y económico que han surgido alrededor del crimen organizado, la narcoactividad, la corrupción a gran escala y otras formas de enriquecimiento delictivo.

  • 2. La que busca generar impunidad y por esa razón se ensaña particularmente contra los operadores de justicia, funcionarios auxiliares de la administración de justicia, abogados y personas vinculadas a procesos penales.

  • 3. La que se ejerce contra personas y organizaciones que luchan por el esclarecimiento y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y de las que se reportan en la actualidad.

  • 4. La que surge de la conflictividad agraria y que tiene como principales víctimas a las organizaciones campesinas, sus dirigentes y miembros.

Estos tipos de violencia política se concretan a través de un patrón sistemático, con altas y bajas y con diferentes énfasis que determina la coyuntura. Por ejemplo, en las últimas semanas se han recrudecido los ataques contra organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, los temas campesinos y de desarrollo o los asuntos económicos y sociales. Pero todo indica que los ataques no están necesaria o directamente ligados al área de experiencia o de trabajo cotidiano de estas organizaciones, sino al papel que juegan en el momento específico: oposición política.

Varias de las organizaciones afectadas participan activamente en las corrientes populares que rechazan el proyecto de Ley de Concesiones, la explotación minera y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos; y exigen la aprobación de una ley de catastro. En general, están cuestionando los intereses del empresariado y el uso del poder público en su beneficio, más allá de las luchas concretas que impulsan cotidianamente. Un grupo de organizaciones de derechos humanos, indígenas, campesinas y sindicales, entre otras, informó haber sufrido 122 ataques violentos en el 2004. Entre enero y mayo de 2005 han contabilizado 73 hechos en su contra. Es evidente que, más allá de su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos en términos amplios, los ataques han ocurrido en un contexto donde éstas y otras organizaciones se oponen públicamente a disposiciones de gobierno que benefician al sector empresarial nacional y transnacional, en detrimento de los intereses sociales.

Además, estas acciones populares afectan proyectos y decisiones que interesan a ambos bloques de poder y no sólo al que está ligado al Gobierno, como pudiera creerse (Es interesante observar que tanto el Tratado de Libre Comercio como el proyecto de Ley de Concesiones y lo relativo a la minería son temas que tienen origen en el gobierno anterior. En particular, lo de las concesiones es una fusión de propuestas presentadas en distintos momentos por el ex presidente Alfonso Portillo (en el 2003) y por los diputados del FRG vinculados a Portillo (en el 2004). El gobierno actual aprovechó las iniciativas y las impulsa como propias, pese a que el texto no convence del todo a algunos de los principales asesores del presidente Óscar Berger, quienes, ha trascendido, habrían querido introducir cambios sustanciales). Las organizaciones afirman que los ataques proceden de estructuras clandestinas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado, a la inteligencia militar, a grupos empresariales y a bandas del crimen organizado (Carta pública dirigida al vicepresidente de la República, Eduardo Stein, suscrita por diversas organizaciones sociales. Diario elPeriódico, 26 de mayo de 2005).Hasta ahora no ha existido una investigación policíaca confiable, objetiva, responsable, profesional e independiente, por lo que tampoco existen hipótesis acerca del origen, autoría y motivación real de los hechos denunciados, al menos no en el ámbito de las instituciones de seguridad y justicia.

En consecuencia, es usual que los casos no prosperen en el Ministerio Público y, por lo tanto, no logran convertirse en procesos penales. La cadena que debieran formar las acciones coordinadas de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial para esclarecer y sancionar los hechos no se concreta; la falta de certeza jurídica impide señalar con rigor a presuntos responsables personales o institucionales, y al final sólo quedan la denuncia sin respuesta, la impunidad, la indiferencia y la sensación de tener en contra a todo el aparato y la fuerza estatal

Crimen organizado: sin planes estratégicos de combate, pero con “sólidas políticas de error”

En el segundo caso –lo relativo al crimen organizado- la situación está fuera de control, porque no existen disposiciones estatales de carácter estratégico para combatir con eficiencia las estructuras que se dedican a la narcoactividad, el contrabando, los secuestros y otras formas del crimen organizado.

En alguna medida esta ausencia de disposiciones parece ser voluntaria y sospechosa. De otra manera no hay explicación al por qué, siendo tan evidente el problema del crimen de alto impacto, hasta ahora no se definen políticas públicas y estrategias para combatirlo. Además, es un hecho que las instituciones de seguridad y justicia están penetradas por agentes del poder emergente, que también ejercen un amplio control sobre instituciones políticas, particularmente en órganos departamentales y municipales de partidos políticos y en instancias estatales que son vitales para el “crecimiento imperturbable” de este poder fundado sobre bases criminales. Para tener un “crecimiento imperturbable” necesita impunidad, a efecto de que sus acciones e integrantes no sean sometidos al escrutinio de la justicia; y requieren de contactos en las altas esferas estatales para seguir adelante con sus negocios sucios. Por supuesto, es esencial que las fuerzas policiales y las instituciones de justicia estén debilitadas o incapacitadas, o en todo caso cruzadas por la falta de responsabilidad y de voluntad, para que no actúen en su contra. Cabe mencionar los numerosos hechos criminales en los que se ha descubierto la participación de agentes de las fuerzas de seguridad, en particular secuestros, narcotráfico, corrupción, prostitución y trasiego de armas, entre otros.

El Ministerio de Gobernación y su estructura especializada (o que debiera estar especializada), la Policía Nacional Civil –PNC-, no sólo resultan incapaces por la debilidad institucional crónica, sino también por la ausencia de esfuerzos orientados a superarla.

A eso se suman otros factores, entre ellos: la decisión de recurrir al Ejército y a militares retirados para hacer labores policiales con el argumento de que la capacidad de la PNC ha sido rebasada, cuando el esfuerzo debiera estar concentrado en fortalecer el carácter civil de la institución y apoyarse en lo militar sólo en casos verdaderamente excepcionales; la desatención en los campos de la especialización y profesionalización; y las “políticas de error” que se originan en la PNC y afectan a todo el sistema de seguridad y de justicia.

Estas políticas de error se reflejan a diario, en el fracaso que suele caracterizar la acción de la Policia Nacional Civil en el combate de la delincuencia común, el crimen organizado y la violencia política. No es preciso realizar grandes estudios para determinar que no existen planes estratégicos dedicados al combate sostenido e integral del crimen, la violencia y la delincuencia.

Lo que evidentemente hay es una fuerza policial dedicada a deambular por las calles (los patrullajes combinados o exclusivamente policiales) en busca de trasnochados, prostitutas, gente indocumentada, ebrios escandalosos y personas que en general son capturadas por faltas a la moral o al orden público. La mayoría de capturados son personas que, en opinión de la PNC, tienen “apariencia sospechosa” y ciertos rasgos propios de quienes pertenecen a las pandillas juveniles o maras. Dado que no hay delito flagrante ni denuncias concretas contra estas personas, la acción policial es arbitraria e ilegal, lo que se agrava cuando los agentes “siembran” droga en la ropa o enseres propiedad de estas personas, en un intento por justificar la captura (En un informe hecho público en marzo, el gobierno de Estados Unidos expuso a la Policia Nacional Civil como una fuente importante de violaciones de derechos humanos, como en muchos de sus informes lo hizo la desaparecida MINUGUA por detenciones ilegales y la práctica de maltrato, abuso y tortura contra gente capturada. El Procurador de los Derechos Humanos y la misma Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) coinciden con estas afirmaciones, a la luz de los casos que tienen bajo estudio).

La falta de evidencia o el uso de pruebas falsas tienen como consecuencia lógica la liberación de los capturados ilegalmente, situación que incrementa la percepción de fracaso en el combate del crimen, porque la opinión pública suele desconocer los vicios que hay detrás de estas acciones policiales y se siente frustrada cuando, tras haberse enterado de las capturas, se le informa de la desestimación de los casos.

Este comportamiento ilegal, arbitrario y perverso genera una cadena de errores que cuesta millones de quetzales al año. Cuando se produce una captura, se pone en movimiento a todo el sistema: tras la acción policial, intervienen los jueces, los fiscales y los defensores públicos. Los operadores de justicia, y la misma PNC, se concentran entonces en faltas y delitos menores, reales o inventados, todo lo cual implica pago de salarios, uso de equipos, con su consecuente deterioro, entre otras actividades que implican inversión de tiempo y dinero. Mientras tanto, por regla general, se mantienen intocables el crimen organizado, la narcoactividad, la delincuencia común de mayor impacto social y las estructuras de violencia política (Hallazgos preliminares de la Fundación Myrna Mack en un estudio que realiza sobre los resultados de la inversión en los sectores de seguridad y justicia, en el cual se intenta explorar el comportamiento sectorial a la luz de las asignaciones procedentes del Presupuesto General de la Nación, las donaciones de países amigos y los préstamos otorgados por organismos financieros internacionales).

El Ejército y la seguridad interna: en busca de legitimidad y nuevas oportunidades

Ante la situación que aqueja a las fuerzas policiales, no es sorprendente que Estados Unidos esté interviniendo y hasta fijando la agenda nacional en materia de seguridad, urgido por sus necesidades político estratégicas de control y dominación, especialmente ahora que cobra fuerza la hipótesis de que existe una aleación entre terrorismo y otros problemas de antigua data, como la narcoactividad, el crimen organizado, la inmigración y la expansión de las pandillas.

Desde esta perspectiva, el Ejército es el principal beneficiado, porque se yergue como la fuerza que garantizaría una labor “eficiente” de combate de las amenazas mencionadas. Así se explica que desde hace algún tiempo se hable de reanudar la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala, cuyos primeros pasos se dieron cuando, en enero del 2005, el entonces Secretario del Departamento de Estado, Colin Powell, certificó a Guatemala para recibir un desembolso en equipo por un costo superior a los US$ 3 millones. Es previsible que, en el transcurso del 2005, se reanuden otros programas, en especial de entrenamiento y dotación de equipos (Powell suscribió un documento en el cual elogia los avances de Guatemala en la modernización del Ejército, la reducción del gasto militar y la preparación de una nueva legislación en temas castrenses, así como los presuntos avances en el combate del crimen organizado y la narcoactividad y otros logros en la defensa de los derechos humanos. Tras conocer esta certificación, la Fundación Myrna Mack hizo llegar a varias esferas estatales de Estados Unidos algunas consideraciones, en las cuales reconoce algunos de esos avances pero introduce matices porque dicho visto bueno no está del todo acorde con la realidad que en esos temas se vive en Guatemala).

• De esa cuenta, la ya referida inoperancia de la PNC crea de hecho la necesidad estadounidense de impulsar la conversión del Ejército en una suerte de guardia frente al crimen organizado, la narcoactividad y las potenciales formas de terrorismo.

Aparentemente, para los jefes militares en turno esto significaría una nueva oportunidad, en el sentido de que apuestan a superar el descrédito en que cayó la institución por su comportamiento criminal durante el conflicto armado interno; por los graves problemas de corrupción que se han descubierto en su seno y que no se remontan únicamente al gobierno pasado; además de la participación de algunos de sus integrantes en las estructuras del crimen organizado y la narcoactividad.

No es ocioso mencionar que algunos oficiales se resisten a sustituir o a reforzar a la PNC en labores propias de la seguridad ciudadana, pues temen quedar expuestos a la crítica y al desgaste si ocurren situaciones donde la legalidad de sus acciones sea puesta en duda.

El caso es que las autoridades militares están más que dispuestas a asumir tareas policiales y actuar contra las amenazas identificadas por Estados Unidos, con el argumento de que la Constitución no lo prohíbe y el hecho indiscutible de que la PNC está rebasada. Además, el Ejército tendría la oportunidad de reposicionarse y buscar la legitimidad perdida en medio de los escándalos de corrupción y crimen, pese a que poco o nada se ha logrado en las investigaciones criminales y procesos penales que se han iniciado contra algunos de sus miembros.

En ese mismo orden, cabe resaltar que la Comisión de la Defensa Nacional del Congreso de la República ha emitido dictamen favorable a cuatro proyectos de ley sobre la justicia militar, los cuales amplían el ámbito de aplicación del fuero castrense y crean de nuevo estructuras que tendrían funciones, competencia y jurisdicción de orden judicial, pero dependerían del Ministerio de la Defensa Nacional (Se trata de los proyectos de Ley penal militar, Ley procesal penal militar, Ley de organización y competencia y Ley penitenciaria militar. Por implicar un retroceso y una nueva ventana abierta a la impunidad en crímenes cometidos por militares, ya han emitido opinión desfavorable la Fundación Myrna Mack y la Comisión nacional para el seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la justicia, entre otras).

También es necesario señalar que si bien se ha redactado una nueva doctrina militar con la participación de organizaciones sociales especializadas en el tema, ésta no ha sido aplicada en la vida institucional en el Ejército, razón por la cual siguen vigentes los conceptos surgidos de la Guerra Fría que guiaron la política contrainsurgente durante el conflicto armado interno.

El plan de modernización del Ejército, que en principio se ha limitado a la reorganización del despliegue militar en el país y a reducir el número de efectivos, tiene un corto alcance en comparación con las metas que propone la reconversión de las fuerzas armadas, tal cual fue concebida en el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática.

De esa cuenta, con un plan de modernización limitado, la falta de aplicación de los avances logrados en el campo doctrinario, la eventual expansión del fuero militar y la lentitud con que se trabaja la nueva legislación orgánica, la reconversión del Ejército sigue siendo un tema pendiente. En el marco de un proceso donde participa la sociedad civil, el Ejército emitió la nueva doctrina militar y en la actualidad se discute la política de defensa nacional. Poco se ha conversado hasta ahora sobre el diseño de un conjunto de leyes sobre aspectos del Ejército, el Ministerio de la Defensa Nacional y sus funciones en una sociedad democrática. Lo relativo a la justicia militar, como se mencionó, es una discusión que ya está situada en el Congreso de la República, en cuyo escenario se tomará la decisión final sobre los alcances del fuero militar. En esas condiciones de transición inacabada y que en realidad no marcha, el Ejército afronta los retos que impone la agenda continental de seguridad impulsada por Estados Unidos.

El Estado de Derecho sigue estando ausente

Los otros elementos de la coyuntura completan un panorama nada alentador: la práctica de algunos mecanismos políticos para acallar voces disonantes de alto perfil, la tendencia a cerrar ciertos espacios democráticos y la aplicación con rigor absoluto de la ley y el orden y de los controles democráticos para los opositores y demandantes sociales, en contraposición a la actitud relajada que se observa a favor de los sectores de poder real. El gobierno no aplica censura, pero sí utiliza sus influencias políticas para acallar a opositores y personajes incómodos. Recientemente se conoció que el embajador de Guatemala ante Naciones Unidas presentó formal queja ante el Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), pues algunos oficiales de nacionalidad guatemalteca publican opiniones y análisis que el gobierno considera perjudiciales. En ese contexto se confirmó la renuncia al PNUD de Juan Alberto Fuentes Knight, experto en temas económicos y financieros que hizo carrera en el PNUD por casi dos décadas. El partido URNG denunció que el Presidente del Congreso de la República rechazó la contratación de Miguel Ángel Sandoval, propuesto para el cargo de asesor del bloque parlamentario de este partido, con el argumento de que Sandoval es un conocido opositor y líder de manifestaciones que han derivado en hechos de violencia. A eso se suma, según versiones no confirmadas, que agentes gubernamentales intentan bloquear las donaciones internacionales a organizaciones no gubernamentales calificadas como opositoras sistemáticas.

Estos elementos generan más descontento y desconfianza social hacia el aparato del Estado y la institucionalidad política del país, que de manera deliberada sólo ofrece mano dura ante las necesidades y demandas de la población afectada por la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo y carencias de diverso tipo. El gasto social, poco o nada privilegiado hasta ahora, produce escasos efectos, de tal manera que la ruta hacia el desarrollo y el bienestar sigue estando bloqueada.

La situación no es novedosa, por cuanto históricamente el aparato estatal ha sido selectivo en el servicio y la protección.

Sin embargo, todo tiende a empeorar para la gente que participa en movimientos sociales, pues no sólo sigue sin recibir atención y solución a sus problemas, sino ahora también sufre persecución penal, abusos policiales y cárcel por expresar sus reclamos.

Desesperados y frustrados por la falta de respuesta estatal (y en algunas ocasiones víctimas de manipulaciones), algunos grupos sociales han incurrido en acciones tipificadas como delitos penales y quedan expuestos a la persecución penal. Se enfrentan primero al abandono por parte del Estado, y, después, ese mismo Estado se ensaña contra ellos cuando su clamor social llega a terrenos controlados por la ley y el orden. Así, se convierten en víctimas de procesos plagados de arbitrariedad. Diferente realidad viven los otros, los miembros de grupos poderosos que, sin importar el delito que cometan, eluden la mano dura y reciben un mejor trato, porque para ellos sí funcionan las garantías constitucionales.

Algunas prioridades para afrontar el contexto:

Pese a este panorama desolador y a las tensiones sociales y políticas que se agravan por la conciliación o ajuste de agendas externas e internas, desde diferentes sectores sociales, incluso de algunos segmentos gubernamentales, hay propuestas que podrían paliar la situación descrita y disminuir el impacto de esta situación tan prolongada. Algunas de ellas puntualizan el tema de seguridad por ser en este momento el más candente, pero incluyen también otros componentes esenciales en el orden político:

• Fortalecimiento de la institucionalidad política:

Este eje incluye propuestas que, en el fondo, suponen darle nuevo impulso a la democratización, a partir del fortalecimiento de las instituciones de justicia, seguridad y derechos humanos, así como de otras relevantes para la aplicación de controles democráticos.

En principio estaría la necesidad de aprobar políticas de seguridad democrática, a efecto de erradicar conceptos de orden represivo; y la creación del sistema nacional de inteligencia con un particular énfasis en la inteligencia civil y la estratégica, así como sus respectivos controles para evitar que incursionen en operaciones ilegales y desnaturalicen su función.

En el caso de la justicia, para mejorar el acceso de los ciudadanos a este servicio, es urgente avanzar en los procesos técnicos que ha planificado el Ministerio Público, en aras de romper los mecanismos que fomentan el fracaso en la persecución penal de alto impacto; y renovar los procesos que ayuden al Organismo Judicial a agilizar el servicio de justicia con total independencia e imparcialidad.

En el plano de los derechos humanos se necesita de una política concreta para frenar la violencia que rodea la defensa y promoción de los derechos humanos; así como el comportamiento institucional que constantemente pone en riesgo o viola los derechos y libertades de las personas.

En este contexto, es importante agilizar la instalación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y crear un mecanismo orientado a desmantelar las estructuras clandestinas que generan violencia política y sancionar a quienes la ejecutan, en vista de que la iniciativa para crear la Comisión Investigadora de los Cuerpos Clandestinos y Aparatos Ilegales de Seguridad (CICIACS) fue declarada inconstitucional.

Este renglón en pro del fortalecimiento de la institucionalidad política incluye la necesidad de mejorar el funcionamiento, organización y actuación de los partidos políticos, así como el trabajo del Congreso de la República, a efecto de que actúen eficientemente - los unos- como intermediarios de la sociedad y - el otro- como un órgano eficaz de control democrático.

• Fortalecimiento de la Policía Nacional Civil:

Las propuestas en este renglón están orientadas a depurar el órgano policial de los elementos vinculados a la corrupción, el tráfico de drogas, el crimen organizado y hechos delincuenciales diversos; aplicar con rigor el reglamento interno y privilegiar la función de la Academia de la PNC en aras de graduar agentes realmente profesionales y especializados.

La tendencia a utilizar al Ejército como sustituto de la PNC o como ayudante en las actividades rutinarias de seguridad, impide lograr lo anterior, porque no se apuesta al fortalecimiento y mejoría de la institución civil, sino a que siga dependiendo de la supuesta “eficacia” de los militares.

• Reconversión del Ejército:

En esta materia, queda claro que el plan de modernización tiene aspectos positivos a reconocer (como la apertura a discutir con la sociedad civil algunos cambios), pero sigue siendo un pobre e inaceptable sustituto de las líneas generales que sobre la reconversión del Ejército contemplan los acuerdos de paz. En ese sentido, la propuesta es retomar la reconversión del Ejército con visión integral y amplias expectativas, más allá de lo programado en el plan de modernización que se ejecuta desde junio del 2004.

La agenda de seguridad continental que impulsa Estados Unidos tiene ya un efecto irreversible en las funciones del Ejército y, de seguir así, la institución castrense podría adquirir tarde o temprano las características de una guardia con funciones importantes en el combate de la criminalidad organizada.

Ante esa realidad, es indispensable apostar de nuevo a los principios de neutralidad política y de sujeción al poder civil en que se fundamenta el compromiso de la reconversión, pues de lo contrario podrían venir etapas de fortalecimiento militar sin bordes ni fronteras, como ocurrió durante el conflicto armado interno. Para evitarlo es necesario revisar los contenidos de la reconversión y definir prioridades, entre las que no pueden faltar la aplicación de la doctrina, la transformación del régimen educativo, la justicia militar y la modernización legislativa.

Con la implementación de estas propuestas o de algunas de ellas, rápidamente esbozadas, habría posibilidades de afrontar con daños mínimos la situación que se ha configurado por el influjo externo sobre la agenda nacional y por el ejercicio del poder público orientado a conquistar gobernabilidad sin consideraciones democráticas.

Quienes rechazan una ruta en el sentido antes propuesto no han advertido que habría mejores resultados en materia de gobernabilidad y de contención de los conflictos sociales si tan sólo se alejaran un poco de los conceptos autoritarios que tanto dolor y sufrimiento han causado a la población guatemalteca.

Notes

• Analisis elaborado por la Fundacion Myrna Mack.

• Este análisis, por su brevedad, no pretende agotar el tratamiento de los múltiples efectos que se derivan de la conciliación de las agendas sociopolíticas y económicas. Tan sólo explora algunos signos que rodean la aplicación de las tendencias mundiales en Guatemala, particularmente la que impulsa Estados Unidos en la región latinoamericana y en concreto en nuestro país, el cual se sitúa ahora más que nunca en un área de interés crucial para la referida potencia.